En un cambio de dirección para la noticia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se encuentra en una fase preliminar de investigación hacia el Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional (Icef), órgano responsable de la provisión de residencias para los integrantes del Ejército, oficiales, suboficiales y civiles mediante sistemas de arrendamiento.
El caso se concentra en la posible mala administración de fondos invertidos en la construcción de unidades residenciales en diferentes regiones del país. En concreto, el Ejército Nacional firmó dos contratos con el Icef para la realización de dos proyectos inmobiliarios que, según parece, fueron suspendidos antes de su finalización.
Se trata de la construcción de 36 casas fiscales en Nilo (Cundinamarca) y Buenavista (Guajira), con una fecha de entrega límite fijada en el noveno mes después de la firma del contrato. Sin embargo, según la PGN, la cláusula no se respetó.
La tarea del Icef, según se indica en su sitio web oficial, es desarrollar "planes, programas y proyectos de inversión" para proporcionar viviendas a los miembros del Ejército Nacional. El objetivo declarado es contribuir al bienestar del personal.
La PGN establece que la construcción de estas viviendas fue suspendida en agosto y que los contratos ya han caducado. Se hicieron anticipos en 2019 y 2021 por más de $2.000.000, sin un propósito claro. Según la información obtenida por W Radio, los contratos en cuestión son el 191 y el 194, con anticipos de $1.796.000 y $879.000 respectivamente.
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En el seguimiento a la situación, se implementaron sanciones y multas por incumplimientos parciales de los dos contratos, identificados tras la supervisión técnica, económica y administrativa de los mismos.
El Ministerio de Defensa ha confirmado a W Radio que las multas se impusieron de la siguiente manera: la primera fue de $164.848.655 y la segunda de $32.865.000. En respuesta a esta situación, se prepara un nuevo proceso de contratación para seleccionar a un contratista que retome y concluya los proyectos. Este proceso está en marcha en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Paralelamente, la PGN está trabajando para identificar a los funcionarios del Icef que podrían estar implicados en las presuntas irregularidades. La finalidad es determinar si existieron faltas disciplinarias que podrían resultar en sanciones, o si por el contrario, actuaron bajo una "causal de exclusión de responsabilidad".
Un informe entregado a la PGN y al que tuvo acceso W Radio, alerta sobre el riesgo de pérdida de recursos invertidos en estos proyectos. Destaca que el proyecto de El Nilo está completamente abandonado. Parece que de las 36 casas fiscales en cuestión, 12 corresponden al municipio de Buenavista. Se menciona también que el retraso y abandono de las obras ha dañado la imagen de la Escuela de Soldados y del mismo Ejército Nacional. En última instancia, se estima un peligro inminente de perder $4.300.000, un dato alarmante revelado en la comunicación a la Procuraduría.
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