El panorama político y judicial colombiano se ve sacudido nuevamente por declaraciones emanadas desde el círculo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien con vehemencia criticó la equiparación que, a su juicio, se ha hecho entre las Fuerzas Armadas del país y los grupos guerrilleros como las Farc. Tales pronunciamientos se enmarcan en el reciente contexto judicial y han resonado, provocando eco en diferentes sectores de la opinión pública.
La controversia toma cuerpo alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la inclusión de Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, dentro de sus procesos. La JEP, reconocida por su papel en el proceso de paz con las Farc, aceptó la participación de Mancuso, destacando su contribución a la verdad y reparación, lo cual ha desatado una serie de reacciones.
Uribe, mediante su red social X, expresó su preocupación al sostener que este tratamiento jurídico sienta un precedente que podría llevar a una comparación indebida entre las fuerzas estatales y los grupos paramilitares. A su parecer, la decisión de la JEP constituye un deslizamiento hacia la equiparación de las fuerzas armadas con actores armados ilegítimos.
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El excomisionado de Paz, Camilo Gómez, también ha salido al paso, calificando el acto de la JEP como un revés jurídico e histórico. Gómez subraya que tal determinación insinúa que Mancuso podría haber usurpado funciones de la fuerza pública, una afirmación que, según su juicio, degrada la honorabilidad de los militares y desvirtúa el papel de la justicia tradicional.
Como desenlace de esta controversia, Mancuso se hará acreedor de los beneficios otorgados por la JEP. Esta situación ha avivado un debate sobre la competencia de la jurisdicción especial en casos como el de Mancuso y sus implicaciones en la narrativa del conflicto armado colombiano. La discusión tiene en su núcleo la definición de los roles de los diversos actores armados y la comparación que, según los críticos, se está realizando entre estos y los organismos estatales de seguridad.
Este tema continúa siendo un fuerte punto de discusión nacional, en un país que aún procesa las secuelas de un conflicto prolongado y busca la consolidación de una paz integral, mientras se enfrenta al reto de valorar equitativamente la participación de todos los involucrados en el conflicto armado.
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