Para la Procuraduría General Fabián Alexander Ramírez Romero no guardó los principios de austeridad en el gasto público, al suscribir un contrato de prestación de servicio sobrepasando normas legales en tal sentido. Le confirmó en segunda instancia un fallo de suspensión por un mes apoyando decisiones adoptadas por la Provincial de Fusagasugá.
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