*Fallo acusatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Uribe. En un primer cargo, el exmandatario de Colombia, sería responsable de manipulación de testigos; “está suficientemente probada la manipulación de testigos mediante soborno”, dice la administradora de justicia.
La decisión de primera instancia fue adoptada por la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, a quien le correspondió asumir el caso contra el exmandatario colombiano.
El proceso tiene que ver, según las acusaciones, con presunto fraude procesal y soborno a testigos, de acuerdo a los señalamientos formulados por las acusaciones.
Así, el caso fue iniciado en la Corte Suprema de Justicia y luego trasladado a la jurisdicción ordinaria tras su renuncia al Senado en 2020. Desde entonces, ha tenido numerosos giros jurídicos y ha sido objeto de múltiples recusaciones, apelaciones y debates públicos.
Fallo acusatorio contra Uribe Vélez
Ante lo sucedido este lunes, el exmandatario mantiene la posibilidad de apelar; así, guardando los procedimientos de rigor, el caso pasaría a manos del Tribunal correspondiente. En caso de no encontrar respuesta favorable, podría acudir al recurso extraordinario.
El llamado Caso Uribe se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda citó un debate en el Congreso con el fin de exponer posibles vínculos del expresidente con grupos narcoparamilitares. Las irregularidades comprometerían al Bloque Metro de las AUC.
El exmandatario, quien era senador en ese momento, abandonó el recinto parlamentario y presentó una denuncia por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda,
Dos años después, en el 2014, la Corte Suprema de Justicia concluyó que las pruebas apuntaban no en contra de Cepeda, sino del mismo Uribe. Esta posición fue tomada debido a las visitas del entonces abogado, Diego Cadena, a reclusos para influenciarlos a fin de que declaran a favor de Uribe Vélez. Esa decisión llevó a la apertura de la investigación contra Uribe y al archivo del caso contra Cepeda.
Giros fundamentales
En agosto de 2020, la Corte Suprema impuso detención domiciliaria a Uribe por riesgos de obstrucción a la justicia. Luego de casi dos meses, una juez revocó esta medida y el caso fue transferido de la Corte Suprema a la Fiscalía General, tras la renuncia de Uribe al Senado para evitar el fuero de la Corte.
Durante el proceso, el Fiscal delegado solicitó precluir el caso, acción que fue negada por dos administradores de justicia. El caso siguió adelante y en marzo de 2024, la Fiscalía a cargo acusó formalmente a Uribe por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
Los alegatos iniciales del juicio comenzaron el 6 de febrero de 2025, marcando a Uribe como el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia moderna del país.
Meses adelante, en junio pasado, el juicio entró en la etapa de argumentos finales con más de 50 días de audiencias. Según Cepeda, de 77 testigos previstos por la Fiscalía, la defensa retiró 20 y cuatro restantes se abstuvieron de declarar, lo que fue interpretado como señal de debilidad del bloque defensivo.
Posteriormente, más allá de este caso específico de fraude, el expresidente ha sido investigado por otros sucesos como las chuzadas del DAS, falsos positivos, parapolítica, y presuntos vínculos del Bloque Metro. También le indilgan compromisos con las AUC.
Latinoamérica: expresidetes ante la Justicia
Varios han sido los mandatarios quienes han enfrentado la justicia en cada uno de sus países; la lista es larga. Estos hechos, los más sonoros para algunos analistas, son muestra de avance en la consolidación de la justicia y el Estado de Derecho.
También ha generado controversias sobre persecuciones políticas, utilización del aparato judicial para ajustes de cuentas y la fragilidad institucional de los países de la región.
Uno de los casos más sonados recayó sobre Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente brasileño. fue condenado en 2017 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato. Estuvo preso por más de un año, pero la Corte Suprema de ese país anuló su condena en 2021 al considerar que el juez que lo condenó, Sergio Moro, no fue imparcial. La decisión permitió que Lula volviera a postularse y resultara nuevamente elegido presidente en 2022.
Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, también enfrentó problemas la justicia de su país. En diciembre de 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el caso conocido como "Vialidad".
Ese caso tenía relación con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. Fernández de Kirchner ha negado los cargos y calificado los procesos como parte de una persecución política. A pesar de la condena, mantiene su cargo y fuero parlamentario.
Pedro Castillo, expresidente de Perú, fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia. El hecho fue calificado como un intento de golpe de Estado. Desde entonces, permanece en prisión preventiva y enfrenta procesos por rebelión y corrupción.
Su breve y tumultuoso mandato es uno de los reflejos más recientes de la crisis institucional que vive Perú, país que ha tenido seis presidentes en menos de una década, varios de ellos con problemas judiciales.
Duros casos en Perú
En esta misma nación, el caso contra Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, es uno de los más emblemáticos en América Latina. Tras un gobierno marcado por la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación, Fujimori fue reelegido en dos ocasiones.
Para algunos analistas, su régimen fue acusado de autoritarismo, corrupción, violaciones a los derechos humanos y manipulación del sistema judicial. En el año 2000, su gobierno colapsó tras revelarse los vladivideos, grabaciones donde su asesor, Vladimiro Montesinos, ofrecía sobornos a políticos y empresarios.
Fujimori huyó a Japón y luego viajó a Chile en 2005, donde fue detenido por las autoridades chilenas a pedido de Perú.
En 2007, fue extraditado y, en 2009, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, incluyendo los casos La Cantuta y Barrios Altos. De acuerdo a las sentencias, grupos de inteligencia del estado habrían ejecutado algunos civiles acusados de terrorismo.
Además, recibió otras sentencias por corrupción y usurpación de funciones. Fujimori se convirtió en el primer expresidente democráticamente elegido en América Latina en ser condenado por violaciones graves a los derechos humanos en su propio país. Su condena fue ratificada por instancias nacionales e internacionales.
En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, lo cual generó una ola de protestas y rechazo de organismos internacionales.
Sin embargo, el indulto fue anulado y restablecido varias veces en medio de disputas legales. Finalmente, en diciembre de 2023, Fujimori fue liberado nuevamente bajo el argumento de su edad avanzada y deterioro de salud, decisión que fue criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de víctimas.
Allí mismo, en Perú, Ollanta Humala, fue investigado por presunta recepción de fondos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Aunque fue detenido preventivamente, posteriormente fue absuelto en 2024.
Hace dos años, Alejandro Toledo, fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 para responder por cargos de lavado de activos y colusión en el caso Odebrecht. Su situación judicial sigue en proceso.
Contra el general Augusto Pinochet
Los señalamientos contra el militar, protagonista del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende el martes 11 de septiembre de 1973, fue señalado responsable de numerosos casos relacionados con derechos humanos. Dicen en su contra que fue responsable de “violaciones masivas a los derechos humanos”, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y exilio de miles de personas. Según el informe oficial Rettig, se documentaron más de 3.000 víctimas fatales o desaparecidas durante la dictadura.
Durante su presidencia se blindó con una constitución que le garantizaba impunidad, y mantuvo su poder como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, cuando fue nombrado senador vitalicio.
Sin embargo, en ese mismo año, fue detenido en Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón, bajo cargos de tortura, secuestro y asesinato. Esta detención dejó huella en la historia: por primera vez, un exjefe de Estado era arrestado fuera de su país por violaciones a los derechos humanos bajo el principio de jurisdicción universal.
Bolivia: Evo Morales
Los señalamientos contra este mandatario se remontan al 2019. Los casos más notorios se relacionan con presuntos delitos electorales, corrupción y, especialmente, acusaciones por su conducta durante la crisis política de hace 6 años.
Uno de los procesos más relevantes fue la investigación por “terrorismo y sedición”, impulsada por el gobierno interino de Jeanine Áñez. Esta causa se basaba en un audio en el que supuestamente Morales instruía bloquear ciudades durante las protestas posteriores a su renuncia. Sin embargo, este y otros casos fueron cuestionados por motivaciones políticas, y muchos de ellos fueron archivados o anulados por falta de pruebas o decisiones judiciales posteriores.
Otro caso que generó gran controversia fue la denuncia por relaciones con una menor de edad, que incluyó investigaciones por trata y corrupción de menores. Aunque las acusaciones fueron ampliamente difundidas, las pruebas nunca fueron concluyentes y el caso también fue cerrado, alimentando el debate entre persecución política y búsqueda de justicia.
Ecuador: Rafael Correa
A inicios de este decenio, años 2020, Correa Delgado fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016". El suceso involucró un sistema de contribuciones ilegales de empresas a cambio de contratos estatales.
Desde entonces, el exmandatario, que reside en Bélgica, no ha regresado al país y ha denunciado persecución política. Las autoridades ecuatorianas han solicitado su extradición, sin éxito hasta el momento.
Otro caso en Bolivia
La expresidente interina de este país, Jeanine Áñez Chávez, fue detenida en 2021 y posteriormente condenada en 2022 a diez años de prisión por el caso denominado “Golpe de Estado II”. Tiene relación con sucesos cometidos durante su llegada al poder tras la renuncia de Evo Morales. Ella sostiene que su gobierno fue legítimo y ha denunciado violaciones al debido proceso. Su caso ha sido emblemático en la disputa política que divide al país.
Para el mes de junio del 2023, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso "New Business". Tiene que vercon con la compra de un grupo editorial con fondos públicos. Aunque había sido absuelto en otros procesos, esta condena inhabilitó su candidatura presidencial para 2024. Martinelli ha intentado refugiarse en la embajada de Nicaragua, donde permanece desde principios de 2024.
Carlos Menem, expresidente de Argentina, ya fallecido, enfrentó múltiples causas judiciales durante y después de su mandato. Fue condenado en 2013 a siete años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante los años 90, aunque nunca fue encarcelado debido a su inmunidad como senador.
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