La decisión fue adoptada en segunda instancia por la Procuraduría General contra el funcionario tras comprobar que usurpó funciones del Concejo Municipal al modificar unilateralmente el Plan de Ordenamiento Territorial de esa ciudad. Según dice el Ministerio Público el ex mandatario el 7 de octubre del 2.010 modificó y ajustó excepcionalmente el Acuerdo Municipal 17 del 2.000 abusando de su cargo por cuanto no estaba facultado legalmente para ello.
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