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Protagonistas de escándalo en Corte también intervenían en la ANI.

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Por: Alejandro

ex magistrado rodrigo escobarLa posibilidad y temores de que la mano escura de la corrupción hubiese alcanzado a la Agencia Nacional de Infraestructura  es absolutamente válida, si se tiene en cuenta que uno de los principales actores del melodrama que golpea a la Corte Constitucional, era a su vez asesor de la entidad encargada de adjudicar obras y resolver los problemas relacionados con la construcción de vías y autopistas en el país.

 

Apuntes del editor.

Nos referimos al ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, quién, como apoderado de Fidupetrol, habría sido el generador, o por lo menos intermediario, del supuesto pago al presidente la Corte Constitucional, Jorge Pretelt,  de $500 millones por favorecer a esta empresa con un fallo de tutela.

Más duda deja la actuación de Escobar Gil frente a sus compromisos o papel ante la ANI tras conocerse  la fulminante y repentina suspensión del contrato de asesoría que esta agencia tenía con el mencionado jurista.

Para un simple lector que no conozca mucho de leyes resulta sospechoso   el hecho de que intempestivamente  la ANI  haya tomado esa decisión –la suspensión del contrato- cuando, más bien,  debería ser el resultado de una evaluación justa y bien sustentada.

Esto lleva a pensar que, más bien, se trató de una maniobra de la ANI destinada a espantar cualquier investigación que pueda extenderse hasta sus oficinas  a raíz del escándalo en el Corte Constitucional en la cual, repetimos, se ve involucrado uno de sus abogados asesores: Rodrigo Escobar Gil.

¿No será que la Agencia Nacional de Infraestructura tiene algo que esconder?  ¿O tiene algo escondido? Y es que, para quienes manejan el mercado de las asesorías jurídicas, no es explicable una remuneración, en honorarios, por 4 mil millones de pesos como el que le cancelaban a Escobar. Eso es altamente exagerado.

Siguen las preguntas. ¿No será que esa suma incluye  pagos por debajo de la mesa, mejor dicho sobornos,  destinados a favorecer la resolución de litigios a favor  de la ANI -su poderdante- y las concesionarias en contra del pobre parroquiano, del  dueño de las tierras expropiadas?

Esto ya no resulta extraño a la luz de lo que viene ocurriendo en la justicia colombiana; acaba de conocerse otro posible caso de corrupción  en el Tribunal de Bogotá.

El tema cobra vigencia en Cundinamarca considerando que varias de las autopistas construidas por orden del actual y anterior Gobierno, estuvieron salpicadas de múltiples problemas en cuanto a la negociación de predios por donde debían pasar las arterias para modernizar la red vial nacional.

Concretamente se hace referencia a la Autopista al Llano, la Autopista Bogotá Girardot al igual que la Autopista Bogotá Facatativá por solo mencionar esas tres.

En un recorrido de prensa por los principales medios de comunicación que tocaron el tema se observa que, en la mayoría de los casos y por diversas razones, la ANI y el Ministerio de Transporte acudieron  a la justicia para resolver algunos líos como los referidos.

Muchos fueron los campesinos y propietarios de terrenos que tuvieron que entregar forzosamente sus bienes por fallos de los jueces, decisiones que en algunos casos dejaron manto de duda  por las razones expuestas por los administradores de justicia.

La mayoría de los afectados, es decir a quienes les quitaron sus tierras, recibieron pírricas remuneraciones  que no se compadecen con la realidad comercial. Mejor dicho les pagaron lo que quisieron debido a las decisiones de los juzgados; desde luego que esto no ocurrió en todos los casos.

En otros episodios y cuando los dueños de fincas acordaron con la ANI la venta de sus terrenos se pactaron pagos que hasta el momento no se han cumplido, no han terminado de cancelarles.

Así y entonces no vale la pena preguntarse sin todo ello obedece a una estrategia montada por el susodicho abogado y ex magistrado Rodrigo Escobar Gil?

O por alguien quién pidió consejo –asesoría- al mismo personaje? Puede que ello no hubiese ocurrido pero como en el país ya nada es extraño en materia de corrupción, pues resulta oportuno que las autoridades, si es que aún existe alguna libre de culpa o en la cual se pueda confiar, que le eche una miradita al asunto por si hay algo oliendo mal.

¿Recuerdan los líos con los propietarios de bienes en Granada, Silvania, Fusagasugá y El Paso de Girardot? Parece ser que los temas se resolvieron sin satisfacer las demandas de los propietarios  lo cual contribuye  que hoy, el asunto de las dudas por lo que está ocurriendo con la justicia, cobre vigencia.

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