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Pórtense bien

por: Omar Gamboa

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Querer es poder. Necesitamos unos procuradores y contralores que decidan ponerle el cascabel al gato de la corrupción, no solo con recomendaciones parroquiales, sino con la ley en la mano.   Opinión Por: Octavio Quintero Red GES Luchar contra la corrupción no debería ser esa batalla épica que nos pintan las circunstancias. Mas pareciera fácil, si la lucha se da entre funcionarios honestos contra los corruptos. Si la corrupción está ganando terreno, al colmo de alcanzar 50 billones de pesos anuales –dicen investigadores de credibilidad-- es porque la lucha se está librando, desde el Presidente hacia abajo, “de boca pa’afuera”. El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, armado de nueva coraza legal contra la corrupción, acaba de recomendar a los nuevos alcaldes y gobernadores que inician mandatos dentro de un mes, “revisar muy bien quiénes van a ser sus contratistas”. La declaración del Contralor nos hace recordar un estudio de Transparencia por Colombia (TpC) realizado entre 2016/2018 (Así se mueve la corrupción en Colombia), en el que se descubre que el 69% de los casos de corrupción “tiene lugar en los municipios, y un 25% en los departamentos”. Es decir, un asombroso 94% de la corrupción oficial se genera en las administraciones de 1.122 municipios y 32 departamentos del país; o, también, puede ser radicada en cabeza de 1.154 alcaldes y gobernadores, en gracia de discusión, con perdón de los honestos. Ahora, ¿cuáles son (o debieran ser) los funcionarios honestos encargados de vigilar esos 1.154 alcaldes y gobernadores?: están en la Procuraduría y la Contraloría, y en la Fiscalía, cuando las investigaciones desembocan en asuntos penales. Tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen procuradores y contralores delegados, destinados a vigilar el buen desempeño de los dineros públicos en las jurisdicciones locales y regionales. El estudio citado de TpC indica que gran parte de la corrupción en estas esferas se da en los contratos que adjudican los alcaldes y gobernadores a empresas que ‘donan’ aportes a sus campañas. Ahora que la Contraloría General está dotada de control preventivo que le permitirá llegar en tiempo real al trámite de los contratos para garantizar la defensa y protección del patrimonio público, bastaría con que el respectivo delegado tuviera una lista de los aportes empresariales a la campaña del alcalde o gobernador, según el caso, con el fin de detectar si el contrato se ajusta a lo dispuesto en la ley 1778/2016 que consagra la inhabilidad de contratar con personas que hayan aportado más del 2,5% a los gastos de campaña permitidos. Previa a la elección de alcaldes y gobernadores, el Consejo Electoral fijó unos topes de campaña tasados por el número de habitantes en los municipios y departamentos. En gracia de discusión, se pueden promediar los montos de campaña en $4.000 millones para departamentos y sus capitales y en $2.000 millones para los de rango medio. Es decir, ningún alcalde o gobernador podrá contratar con empresa que le haya aportado más de 80 millones de pesos, en el primer caso, y 40 en el segundo, a su campaña. Una acción rápida y debidamente denunciada sobre los casos que puedan violar la norma, ayudaría a bajar la corrupción del escandaloso 94% que se encontró, según el estudio de Transparencia por Colombia. ¿Es esto muy difícil? No, si hay voluntad política real de salvaguardar los dineros públicos de la voracidad de los corruptos. Que se presente un desangre de la magnitud señalada en las administraciones locales y regionales, no solo refleja la corrupción de alcaldes y gobernadores, sino que enuncia un eventual contubernio que puede existir entre vigilados y vigilantes. Necesitamos unos procuradores y contralores que decidan ponerle el cascabel al gato, no solo con recomendaciones parroquiales de que “revisen muy bien quiénes van a ser sus contratistas”, sino con la ley en la mano.Procuraduría Fiscalí