La decisión fue adoptada por la Procuraduría General al considerar que la jefe de la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Flor de María Cely López, pudo haber incurrido en omisión de algunas responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Concretamente se refiere a que la funcionaria no reportó o registró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el préstamo que había sido otorgado a Emserchía antes de su desembolso.
