Hacían figurar a muertos como beneficiarios de programas de alimentación dentro de la pandemia; otra señora, quien recibió ayudas, aparecía como madre de 172 niños en Fundación, Magdalena.
Mientras el Gobierno nacional insiste en “achacarle” los graves problemas del país al narcotráfico y los cultivos ilícitos, el saqueo de los dineros públicos siguió en aumento en la mayoría de los frentes de la inversión pública.
Así quedó en evidencia al conocerse el más reciente informe de la Contraloría General sobre el manejo de la plata para atender los sectores más necesitados dentro de la pandemia del coronavirus, reporte que se suma a otros similares conocidos los últimos meses.
El “aterrador” panorama fue descrito mediante análisis de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría General de la República, evaluación que permitió identificar “69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)” dentro de la emergencia sanitaria.
La “tumbada” de los dineros oficiales para los más pobres ocurre con el manejo de los recursos dentro del “Programa de Canastas Nutricionales”.
Halló la CGR alertas por la aparente distribución de 28 mil raciones alimentarias a manos de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; ¡hicieron figurar a 15 mil personas fallecidas! como receptores de los refrigerios.
Las investigaciones
Sobre las irregularidades se dieron cuenta los investigadores tras confrontar los nombres de los beneficiarios que aparecían en los reportes de los contratitas; los cruzaron con datos de la Registraduría Nacional descubriendo la gigantesca defraudación.
Los agentes especializados de la Contraloría, en principio, tienen detectados a los departamentos de la costa norte y el Chocó como los más afectadas por sucesos de corrupción de este tipo.
Otros casos, unos pocos, específicos y escandalosos se conocieron en Nariño y en Norte de Santander; en este último figura un hombre como el acudiente de 195 menores de edad que hoy no aparecen por ningún lado.
En Chimuchagua, Cesar, una mujer “aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación, Magdalena, recibiendo raciones por todos”.
Caso similar se presentó en Buenaventura, Valle; un adulto aseguró en las planillas ser tío político de 134 menores de edad al recibir las raciones de alimentos.
La Contraloría insinúa que más casos de este tipo se vienen presentando en buena parte de los municipios y departamentos del país. 
