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Juego sucio en campañas políticas o verdades que duelen.

Por: Alejandro

La diferencia entre una persona normal y corriente con una persona publica, principalmente radica en que ésta última, por su visibilidad, se convierte en un sujeto de admiración o de crítica. Ese punto de diferencia es el que debemos sopesar los que de una u otra forma nos atrevemos a levantar la cabeza para opinar, aspirar a ser elegidos en cargos políticos o públicos, escribir, demandar y denunciar.

 

Opinión:

Por: Germán Calderón España *

En estos roles se asimilan en el carácter público que adquieren las estrellas de la televisión, el cine o cualquier espectáculo, quienes no pueden reclamar en un mismo grado intimidad absoluta, porque como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el análisis sobre los derechos fundamentales a la intimidad, la honra y el buen nombre «…varía cuando se trata de personajes públicos…», toda vez que: «…su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, se ve reducido.»

En ese contexto, a nosotros los atrevidos se nos viene encima nuestro pasado y nuestro presente, y mucho más a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular en donde la contienda gira, en la mayoría de casos, en el desprestigio del contrincante.

Una investigación penal, un proceso formal o una declaratoria de prescripción, aun cuando ésta es equiparable a una absolución por cesación del procedimiento, en nuestro ambiente político genera percepciones negativas que no están en la línea de la presunción de inocencia, pero son realidades que el aspirante debe asumir con dignidad y respeto.

La Corte Constitucional en reciente fallo reiteró su jurisprudencia en torno a la libertad de expresión e información consagrada en el artículo 20 de la Carta, frente a la responsabilidad social de los medios de comunicación consistente en emitir noticias veraces e imparciales.

Esta es la exigencia que permite a un candidato afectado por noticias o expresiones no veraces y parcializadas, ejercer el derecho a la rectificación de la información errónea, inexacta, parcial e imprecisa. En este caso, el reclamante tiene la carga de la prueba «…por cuanto existe una presunción de imparcialidad y buena fe del medio de comunicación que divulga una información, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional.»

Esa carga probatoria debe ser de tal seriedad que exija al medio una confrontación con sus propias fuentes lo que producirá o no la rectificación.

La jurisprudencia no legítima a un aspirante a enojarse e irse contra el periodista o el medio cuando se informa un hecho real que da cuenta, por ejemplo, de las investigaciones que cursen contra el cónyuge o contra sí mismo; de sus antecedentes políticos y judiciales, favorables o desfavorables; de su mala gestión en una anterior administración; o de haber participado de administraciones judicialmente declaradas como corruptas e ineficientes.

Tampoco legítima para que el candidato le increpe al periodista o al medio la frase de moda: «¡¡¡Usted no sabe quién soy yo!!!»

 

 

(…) Abogado Constitucionalista.

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