El Concejo de Soacha aprobó en el primer debate de la Comisión Tercera el proyecto de acuerdo 027 de 2025, que contempla la entrega del 49% del manejo del alumbrado público a una empresa privada. La decisión, que fue tomada con un proceso que ha sido calificado de poco difundido y ágil, ha generado un debate en torno a los riesgos potenciales de financiar infraestructuras y servicios públicos con participación privada. En este contexto, distintos actores han resaltado elementos que deben ser considerados en la evaluación del impacto económico y operativo.
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Entre los datos relevantes, se destaca la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM) como mecanismo para la inversión privada, lo que implicaría que la parte del 49% esté sujeta a los términos que benefician al inversor. La representante a la Cámara, Alexandra Vásquez, ha manifestado inquietudes sobre las condiciones generales del proyecto, resaltando que existen elementos que, en caso de no ser evaluados con rigor, podrían implicar un desfase de garantías para el municipio. Dichos comentarios se enmarcan dentro de la discusión sobre la transparencia del proceso de selección y los mecanismos contractuales a implementar.
Diversos aspectos del proyecto han sido enlistados como puntos de posible riesgo, entre los cuales se encuentran:
• La falta de claridad en cuanto al aporte financiero de 49 mil millones por parte del socio privado.
• La ausencia de un balance patrimonial proyectado con mecanismos y plazos definidos para el desembolso.
• La concentración de poder en la figura del alcalde, quien lideraría el proceso de selección y establecería los criterios para la incorporación del socio.
La comparativa con casos previos en otras ciudades ha sido utilizada para ilustrar las advertencias de riesgos inherentes al nuevo modelo. Se mencionan antecedentes en Popayán, donde el compromiso de inversión de un privado derivó en el control de la junta directiva, y en Socorro, en el cual se detectaron irregularidades contractuales. Estas referencias buscan evidenciar que, sin la implementación de mecanismos de control y salvaguarda, el modelo podría dejar a la administración local en una situación de desventaja frente al inversor privado, tal como se ha observado en situaciones pasadas en ciudades como Neiva y Popayán.
El proyecto también asigna al alcalde de Soacha, Julián Sánchez, la responsabilidad de dirigir de forma particular todo el proceso para la selección del socio privado de la SEM de alumbrado. Especificamente, según lo estipulado en el Parágrafo III del acuerdo, el alcalde tendría la potestad de definir de manera unilateral tanto los requisitos como los criterios de selección para los interesados. Este hecho ha sido destacado como un punto de riesgo en términos de posible direccionamiento del proceso, lo que ha llevado a citar otros casos en que las condiciones fueron adaptadas para favorecer a propuestas específicas.
Adicionalmente, se ha resaltado la incertidumbre sobre la distribución de los beneficios derivados del impuesto del alumbrado público. El proyecto no detalla de manera explícita el porcentaje que se asignaría al socio privado como ganancia, ni establece cifras concretas o proyecciones que permitan prever el impacto económico en la tesorería municipal. Entre las inquietudes predominantes se encuentran:
• La posibilidad de comprometer recursos del municipio durante décadas para el pago de dividendos.
• La ausencia de un mecanismo legal que permita exigir el cumplimiento de los compromisos financieros del socio privado.
• La falta de claridad sobre el porcentaje de reinversión destinado a mantener y ampliar la infraestructura de alumbrado.
Uno de los elementos técnicos señalados en el estudio que respalda la creación de la SEM es la carencia de rigor financiero. Este análisis, según declaraciones de algunos funcionarios, no incluye un flujo de caja detallado ni contempla escenarios realistas basados en la evolución del recaudo del impuesto. Asimismo, se evidencian omisiones en el análisis de variables clave, como la morosidad en el pago y el comportamiento del consumo en zonas consideradas vulnerables, lo cual genera inquietudes sobre la viabilidad del modelo económico planteado para el alumbrado público.
Otro aspecto mencionado en el estudio es la contradicción identificada por la consultoría respecto a la viabilidad operativa y contractual. Mientras se reconoce que un modelo administrado por la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) presenta menores riesgos operativos, la recomendación final apunta hacia la creación de la SEM, que de acuerdo con algunos antecedentes en ciudades como Barranquilla, podría acarrear beneficios para el inversor a expensas de la administración local. Entre los antecedentes citados para ejemplificar este tipo de resultados se encuentran:
• La experiencia en Barranquilla, donde se aseguraron dividendos basados en un porcentaje del recaudo anual durante períodos prolongados.
• Casos en los cuales los requerimientos de la SEM fueron adaptados a propuestas únicas, conduciendo a concentrar beneficios en un solo oferente.
El proceso de socialización del proyecto también ha sido objeto de atención, ya que se ha señalado que la decisión se tomó en un contexto de urgencia y con mínima participación ciudadana. Se ha informado que las reuniones y presentaciones se realizaron en horarios poco convenientes para la comunidad, lo que pudo haber limitado el alcance de la información y el debate técnico respectivo. La rápida aprobación en el primer debate de la Comisión Tercera ha motivado a varios actores a insistir en la necesidad de una discusión más amplia y detallada sobre las implicaciones económicas y administrativas del proyecto.
En resumen, el proyecto de acuerdo para entregar el 49% de la gestión del alumbrado público a una entidad privada en Soacha ha generado un análisis multifacético. Los puntos clave que han destacado tanto los asesores como las voces críticas incluyen:
• La transparencia y difusión del proceso de selección del socio privado.
• La definición de los mecanismos de inversión y garantías contractuales.
• La relevancia de incorporar análisis financieros detallados y escenarios de riesgo.
• La importancia de contar con una participación ciudadana que permita ampliar el debate técnico y administrativo.
La discusión en torno a este modelo de asociación público-privada se enmarca en la búsqueda de una solución que permita fortalecer la infraestructura del alumbrado en el municipio, sin desprenderse de la necesidad de contar con condiciones contractuales que protejan los recursos públicos. Tanto las evaluaciones técnicas como las referencias a experiencias previas en otras ciudades ponen de manifiesto la complejidad del proceso y la importancia de revisar cada uno de los elementos que puedan afectar la sostenibilidad y operatividad del modelo propuesto. La información continúa en desarrollo y se espera que se amplíen los debates en instancias posteriores que permitan una mayor participación de la comunidad y de expertos en el área.
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