*Rifas ilegales en Cundinamarca: capturados por, aparentemente, estafar con rifas ilegales en Tocaima y El Colegio. En espacio público y con megáfono en mano habrían comercializado falsos “bonos solidarios”.
El golpe a esta modalidad de delitos fue ejecutado por la Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, al avanzar en los procedimientos que habían sido denunciados días atrás.
Sospechando que, en realidad, podría estar ejecutándose un asunto ilegal, montaron las acciones encaminadas a identificar a los posibles comprometidos. También se dieron a la tarea de alcanzar pruebas suficientes para argumentar el caso ante la justicia colombiana.
En total, las autoridades lograron establecer que, al menos, once personas estaría involucradas en el ilícito que se estaba desarrollando en Tocaima y El Colegio, provincia del Tequendama, Cundinamarca.
Rifas ilegales en Cundinamarca
Por ahora, las autoridades no tienen, con certesa, información sobre el momento en el cual comenzaron las actividades censurables que acusa a un grupo de personas en esos municipios referidos.
Según parece, el proceso venía desarrollándose desde mediados de este año, por los mismos días que ciudadanos enteraron a las autoridades sobre las aparentes irregularidades.
De acuerdo con los reportes iniciales, varios individuos utilizaban megáfonos, chalecos distintivos y material impreso para atraer a la comunidad. Buscaban convencerlos de participar en rifas que ofrecían premios inmediatos o aportes solidarios que nunca se materializaban.
Las autoridades explicaron que las rifas ilegales no solo representan una estafa directa contra los ciudadanos, sino que constituyen un delito asociado a la actividad monopolística del arbitrio rentístico. Esta es una actividad exclusivamente manejada, o autorizada, por Estado colombiano.
En efecto, la venta de rifas sin autorización es un fenómeno que se ha detectado previamente en otras regiones del país. Ocurre con frecuencia en zonas turísticas o de alta afluencia peatonal, donde los responsables se aprovechan de la buena fe de las personas.
Para el caso presente en el Tequendama, la Policía recibió múltiples quejas por posibles actividades irregulares relacionadas con la venta de bonos, rifas o sorteos. Así, se dieron a la tarea de verificar si esa actividad contaba con respaldo legal o autorización de la Secretaría de Gobierno. Ni esta entidad ni la Lotería de Cundinamarca, o el organismo regulador de Juegos de Suerte y Azar, entidades encargadas de avalar este tipo de operaciones, las había autorizado.
Los investigadores establecieron que, en el caso de Tocaima y El Colegio, los implicados venían operado desde julio de 2025 según el periodo verificado por la Fiscalía. Aprovechaban la presencia de turistas, comerciantes y residentes en espacios públicos, plazas, parques y vías con alto tráfico de personas.
El modus operandi de las presuntas rifas ilegales
Según la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables convocaban a los ciudadanos con el uso de megáfonos. Anunciaban promociones rápidas, rifas de bajo costo y supuestos “bonos solidarios” que invitaban a colaborar con causas comunitarias o ayudar a personas en situación vulnerable.
No obstante, la investigación determinó que no existía ninguna institución, fundación o programa social real que respaldara las actividades. Parte del dinero recaudado —más de $28 millones encontrados en los allanamientos— era manejado directamente por los capturados.
En El Colegio, la rifa era presentada bajo el nombre de bono solidario, mientras que en Tocaima se promocionaba como bono paga diario. En ambos casos, el objetivo final habría sido obtener dinero en efectivo de manera irregular y sin control estatal. Ello constituye una violación directa a los monopolios rentísticos y, de manera paralela, una posible estafa a los ciudadanos.
Investigación y recolección de pruebas
Las autoridades comenzaron a monitorear el caso tras varias alertas recibidas entre julio y septiembre. Entonces, los denunciantes aseguraban que los promotores de las rifas se ubicaban estratégicamente en zonas de concurrencia, abordando de forma insistente a transeúntes y turistas.
Algunos testigos manifestaron que los supuestos vendedores se movilizaban en un vehículo particular; utilizaban chalecos que generaban apariencia de legalidad e, incluso, ofrecían premios inexistentes.
Con esos elementos de prueba, la Policía Nacional desplegó un equipo para verificar la situación. Una vez confirmaron que ninguna entidad local había autorizado sorteos o rifas en esos municipios, se dio paso a la apertura formal de la investigación, en coordinación con la Fiscalía y su Estructura de Apoyo (EDA) en Cundinamarca.
Los agentes siguieron discretamente las actividades de los presuntos infractores, documentando las ventas, el uso de megáfonos, el material impreso y las zonas en donde operaban. Posteriormente, solicitaron órdenes de registro y allanamiento para intervenir los puntos donde se concentraban las acciones.
Operativo, capturas, incautaciones y hallazgos
En los procedimientos, realizados por unidades de los uniformados y bajo la dirección de la Fiscalía, se logró la captura de las once personas presuntamente involucradas. Los operativos incluyeron allanamientos a inmuebles y vehículos donde los investigados almacenaban dinero en efectivo y elementos relacionados con las rifas ilegales.
Incautaron más de $28 millones en efectivo, megáfonos utilizados para convocar a los ciudadanos, chalecos distintivos que daban apariencia de formalidad y bonos y talonarios impresospara la supuesta rifa. También decomisaron celulares, una pistola y un vehículo en el cual se movilizaban los jefes de la organización.
Avanzados los procedimientos luego de las detenciones, la Fiscalía reportó que los once capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Éste avaló el procedimiento de captura y la evidencia recogida en la investigación preliminar.
Con todo ello formalizaron los delitos: concierto para delinquir, por actuar presuntamente como organización delictiva con roles y funciones definidas. También, según estiman, podrían estar incurriendo en “ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, al comercializar rifas sin autorización estatal”.
Por todo ello, detuvieron a José Efraín H. C., Oscar Javier H., Diego Mauricio F. R., Darwin Stuart V. U., José Guillermo R. T., Álvaro Enrique Á. R., Eleuterio G. y Clara Hortencia N. B. También a María Patricia L. R, Michael Stiven M. R, y Jhon Jairo M. F.
Tras la audiencia, el Juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para seis de los procesados; las otras cinco personas continuarán vinculadas al proceso bajo otras modalidades de control judicial.
Importancia del golpe contra las rifas ilegales
Las autoridades resaltaron que este tipo de operativos son fundamentales porque las rifas ilegales afectan varios frentes de la vida pública. En primer lugar, generan pérdidas económicas para el sector oficial que regula los juegos, lacerando recursos destinados a la salud. En segundo lugar, exponen a la ciudadanía a estafas y engaños reiterados.
Además, en zonas de alta visita turística —como lo es Tocaima— este tipo de actividades perjudica la imagen del municipio, la seguridad ciudadana y la confianza de visitantes y comerciantes. Lo mismo ocurre en El Colegio, donde el flujo de viajeros y residentes facilita que organizaciones informales busquen operar sin control.
La Policía de Cundinamarca advirtió que cualquier rifa, bono, sorteo o evento similar debe contar con autorizaciones oficiales, y que la ausencia de estas constituye un delito. Hicieron también un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o individuo que intente vender rifas no certificadas.
Tras conocerse las capturas, varios habitantes de ambos municipios señalaron que el operativo generó tranquilidad, pues desde hacía meses se venían observando actividades irregulares que generaban desconfianza. Habitantes del centro de Tocaima aseguraron que, en ocasiones, los vendedores insistían de manera exagerada, lo que había despertado sospechas.
El proceso penal continuará en curso mientras la Fiscalía consolida testimonios, trazas de dinero, peritajes sobre los elementos incautados y verificaciones sobre la presunta estructura del grupo señalado.
