En Soacha, Cundinamarca, se ha iniciado un proceso judicial que vincula a un hombre con delitos relacionados con abuso sexual infantil, grabación y divulgación de imágenes inapropiadas. La investigación se abrió tras el hallazgo de pruebas en un dispositivo móvil desaparecido que contenía material perturbador.
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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bogotá, asumió la dirección del caso y procedió a imputar cargos por delitos de contenido sexual infantil, acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menores de 14 años. Entre los elementos iniciales que orientaron la investigación se encontró un celular con evidencias en el que se observaban fotografías y videos de carácter sexual.
Es relevante destacar que los hechos se desencadenaron luego de que una mujer, afectada por un hurto el pasado 22 de agosto de 2024, recibiera en su correo electrónico imágenes y grabaciones que incluían a una menor con uniforme escolar. Este elemento de denuncia inicial aportó información complementaria a la investigación en curso.
La investigación permitió identificar a dos niñas, de 8 y 4 años, residiendo junto a su padre en Soacha. Las autoridades, actuando conforme a los protocolos establecidos, llevaron a cabo un allanamiento el 3 de marzo, en el que se incautaron nueve celulares que albergaban material obsceno.
Una vez identificados los hechos, la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías la medida de privación de la libertad del imputado, quien fue encaminado a un centro de reclusión. Esta acción responde a la necesidad de garantizar la integridad del proceso investigativo y prevenir nuevos hechos relacionados.
Simultáneamente, en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se procedió al rescate de las menores involucradas. Dichas medidas buscan restablecer y proteger los derechos fundamentales de los niños afectados, siguiendo protocolos nacionales e internacionales en materia de protección infantil.
El caso, al revelarse, ha impulsado la revisión de mecanismos de seguridad y protección para menores, resaltando la coordinación entre diferentes entidades estatales. Las autoridades hacen hincapié en la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa que pueda afectar la integridad de niños y adolescentes.
Las autoridades mantienen la investigación en curso con el compromiso de profundizar en la red de distribución de material obsceno, sin emitir conclusiones anticipadas. Mientras se continúan las diligencias, se espera que los procesos judiciales avancen conforme a lo establecido por la normativa vigente, garantizando el debido proceso y la protección de derechos.
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