El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial se da en el marco de la investigación por el desvío de millonarios recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira.
González Merchán, un político de amplia trayectoria en la izquierda colombiana y cercano colaborador del presidente Petro, es acusado de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Durante la audiencia, el juez advirtió que González "al parecer se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecer”, razón por la cual ordenó su captura inmediata y su reclusión en un centro penitenciario. La Fiscalía y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitaron, además, que se evalúe la inclusión del delito de lavado de activos dentro del proceso.
La representante del ente acusador en este caso, María Cristina Patiño, aseguró que fue González quien, desde su cargo de alta confianza en la Casa de Nariño, impartió órdenes directas para manipular contratos de la UNGRD. Según la acusación, González instruyó al entonces director de la entidad, Olmedo López, para inflar un contrato que inicialmente costaba 46.800 millones de pesos (más de 11 millones de dólares), con el propósito de destinar parte de los recursos al pago de sobornos a congresistas.
El rastro del dinero de Carlos González pagó en efectivo a congresistas
Entre los presuntos beneficiarios están los expresidentes del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes. La Fiscalía sostiene que Name recibió $3.000 millones y Calle, $1.000 millones, en pagos realizados en efectivo entre octubre y diciembre de 2023. Ambos legisladores ya fueron capturados y enviados a prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia en mayo pasado.
González no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía durante la audiencia celebrada en mayo, calificándolos como “calumnias sin fundamento”. Su abogado, Iván Cancino, anunció que apelará la decisión judicial.
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El escándalo por los carrotanques ha escalado hasta convertirse en uno de los casos más graves de corrupción en la actual administración. La investigación ya cuenta con seis capturados, tres exfuncionarios que colaboran con la justicia, y ha salpicado a figuras de alto nivel del Gobierno, entre ellos los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes son investigados por presunta participación en la direccionamiento de contratos. Asimismo, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz ha sido señalada como intermediaria en la entrega de sobornos.
Para la Fiscalía, este caso es solo una muestra de una estrategia sistemática diseñada desde altas esferas del poder para desviar recursos públicos con fines políticos, especialmente para asegurar apoyo legislativo a las reformas sociales del Gobierno.
Carlos Ramón González, quien permanecía fuera del país desde mediados de 2024, es señalado como el principal articulador del esquema. Su trayectoria incluye su paso por la guerrilla del M-19, su rol como dirigente del Partido Alianza Verde y su cercanía con el presidente Petro. Fue nombrado director del DAPRE en abril de 2023 y más tarde ocupó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargos desde loscuales, según la Fiscalía, habría operado el entramado de corrupción.
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Esta es la primera vez que un alto exfuncionario del Palacio de Nariño enfrenta cargos penales directamente relacionados con el caso, lo que agudiza la crisis política para el oficialismo y el Partido Verde, y plantea serios cuestionamientos sobre los controles internos del Ejecutivo en el manejo de recursos públicos.
