En Girardot ha implementado un operativo de verificación de documentación y control de estampillas. La medida se enfocó en detectar y retirarel contrabando, enfatizando la voluntad de las autoridades por preservar la seguridad ciudadana y el orden en el sector comercial.
Durante la intervención se procedió a la incautación de varios productos identificados como contrabando, entre ellos se registraron los siguientes elementos:
• 1.044 cajetillas de cigarrillos.
• 7 bebidas de la marca “Amarillo Original”.
• 26 botellas de bebidas adulteradas o falsificadas.
• 4 botellas de licor de origen venezolano.
• 4 botellas con estampilla correspondiente a otro Departamento.

El operativo también permitió comprobar otras irregularidades, como la ausencia de documentación legal en algunos establecimientos. Las autoridades aplicaron una serie de medidas correctivas en los puntos inspeccionados.
Resultados de operativo
Entre los resultados tangibles del operativo se destacan 8 cierres totales de establecimientos identificados y la imposición de multas establecidas por la Gobernación, en función de las infracciones encontradas.

La acción contó con la articulación entre varias entidades locales y departamentales, lo que permitió una respuesta coordinada y oportuna frente a la situación.
Las entidades participantes incluyeron la Secretaría de Gobierno Municipal, Prodesarrollo, la Secretaría de Hacienda Departamental (a través de la Fiscalización Operativa) y la Policía Nacional, vinculándose en cada una de las fases del operativo.
Esta acción conjunta se inscribe en una campaña que busca proteger la salud, la economía legal y la seguridad de todos los habitantes de la región, manteniendo la operatividad ante posibles evasiones de control.
- Le puede interesar: Policía recupera en Tolima furgón robado en Soacha
La realización del operativo demuestra el compromiso decidido de las autoridades con la transparencia y la legalidad en el comercio local.

En síntesis, la ejecución de las distintas acciones de control y verificación impulsa la confianza en las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la normativa, sin emitir juicios de valor sobre la situación en sí.