La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Bienestar Verde, ha avanzado en una estrategia que integra la conservación de zonas de recarga hídrica con proyectos de desarrollo alternativo. Esta nueva etapa se enmarca dentro de los acuerdos de Pago por Servicios Ambientales (PSA), los cuales suman una inversión superior a los $1.741 millones y buscan proteger ecosistemas críticos en los páramos, con especial énfasis en Sumapaz y Guerrero, en siete municipios del departamento.
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La medida contempla acciones ambientales y de desarrollo que involucran tanto la recuperación natural como la implementación de proyectos productivos con alternativas económicas. Entre los municipios beneficiados se encuentran Chaguaní, San Francisco, Une, Cogua, Tausa, Jerusalén y Beltrán, involucrando a comunidades locales y actores ambientales en planes coordinados para el uso sostenible de los recursos naturales.
En cinco de estos municipios –Chaguaní, San Francisco, Une, Cogua y Tausa– se enfocará el apoyo directo a la conservación de aproximadamente 1.372,86 hectáreas. Las actividades programadas incluyen reforestación, instalación de cercas de aislamiento, la construcción de viveros, implementación de energías limpias y adecuación de sistemas de almacenamiento y filtración de agua. Esta integración de medidas busca mantener el equilibrio ecológico y asegurar la disponibilidad de recursos hídricos a largo plazo.
Es relevante resaltar algunas acciones específicas en relación a cada municipio. Entre las principales iniciativas se destacan:
• Chaguaní: Se invertirán $213.839.020 para la protección de 158,87 hectáreas en la vereda Melgas, lo que beneficiará directamente a 28 familias. Las actividades incluyen la siembra de árboles frutales y nativos, la instalación de cercas de aislamiento y la entrega de kits agrícolas.
• San Francisco: Con una inversión de $372.450.260 se protegerán 235,43 hectáreas en Pueblo Viejo, beneficiando a 10 familias de manera directa y a más de 200 familias de forma indirecta. El acuerdo contempla la construcción de una cabaña educativa, la implementación de sistemas solares, y el desarrollo de un vivero de especies en peligro de extinción.
• Une: Se han formalizado dos acuerdos para la protección del río Taguaque, destinándose un total de $650.858.310. Uno de los acuerdos involucra a la Asociación de Juntas de Acción Comunal con $341.959.010, mientras que el otro cuenta con el respaldo de la JAC de Mundo Nuevo aportando $308.899.300, abarcando colectivamente más de 773 hectáreas.
Otros municipios reciben también asignaciones destinadas a la protección ambiental y al fortalecimiento de alternativas productivas. Así, en Cogua se destinarán $178.264.234 para la protección del río Neusa, en la vereda Cardonal, alcanzando a 417 familias. Las medidas allí incluyen la siembra de especies nativas e instalación de unidades apícolas. Por su parte, en Tausa se invertirán $325.604.625 para conservar las quebradas El Santuario y Guananí, desarrollando actividades como el control de especies invasoras, el mantenimiento de caminos, la reforestación y el cercado de zonas protegidas.
Medida relevante dentro del esquema de mitigación ambiental es la implementación de proyectos de desarrollo alternativo en dos municipios. En Jerusalén se asignarán $110 millones para la construcción de 20 galpones orientados a la producción de pollos de engorde, lo que se posiciona como una alternativa a la producción de carbón vegetal en el bosque seco tropical. Mientras, en Beltrán se invertirán $63 millones en proyectos avícolas que incluyen la construcción de 10 galpones, cada uno con capacidad para 100 aves, además del suministro de alimento.
La estructura del acuerdo permite comprender el alcance y la diversidad de las acciones. La consolidación de estas iniciativas genera una plataforma de colaboración que involucra diferentes grupos de interés, tales como juntas de acción comunal, asociaciones de productores y entidades relacionadas con la gestión de recursos hídricos y ambientales.
La inversión total asignada se reparte de la siguiente manera, destacando los aspectos principales:
1. Protección de áreas naturales mediante reforestación y rehabilitación de ecosistemas.
2. Implementación de energías limpias y mejoras en infraestructuras de almacenamiento de agua.
3. Desarrollo de proyectos productivos alternativos enfocados a la mitigación de la deforestación.
El enfoque de esta estrategia reside en la participación activa de las comunidades locales, lo que permite racionalizar el uso de recursos naturales y fortalece la cooperación interinstitucional en la gestión ambiental. La iniciativa destaca por su carácter innovador al combinar objetivos de conservación con medidas de desarrollo productivo, procurando la sostenibilidad a largo plazo en el departamento.
Finalmente, la gobernación de Cundinamarca reafirma su compromiso con la protección de zonas de recarga hídrica y el impulso a proyectos de desarrollo alternativo, consolidando alianzas que refuerzan la labor en favor de un equilibrio ecológico y socioeconómico. La suma de acciones y recursos invertidos conforma una estrategia integral que incorpora tanto la protección ambiental como el fortalecimiento de opciones productivas, evidenciando el esfuerzo colectivo por preservar y gestionar responsablemente los recursos naturales del departamento.
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