En una operación que refleja la firmeza de las autoridades ambientales para proteger el recurso hídrico, la CAR Cundinamarca, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), ejecutó la suspensión inmediata de actividades de una curtiembre ubicada en la vereda Chingacio, municipio de Chocontá.
La intervención se produjo tras sorprender in fraganti a la empresa realizando vertimientos clandestinos de sus aguas residuales industriales, altamente contaminadas, directamente al cauce del río Bogotá.
Este operativo no es un hecho aislado; se enmarca en la ofensiva institucional para hacer cumplir los mandatos de la Sentencia del río Bogotá, que ordena la descontaminación de la cuenca.
El hallazgo fue alarmante. Los técnicos de la CAR verificaron que los efluentes, cargados de químicos tóxicos provenientes del proceso de curtido de pieles (como sulfuros, cromo y grandes cantidades de materia orgánica), eran descargados sin ningún tipo de tratamiento previo.
Los niveles de contaminantes superaban en cientos de veces los límites máximos permisibles establecidos por la ley.
Pero la irregularidad iba más allá: la curtiembre contaba con un punto de vertimiento autorizado, sin embargo, la descarga ilegal se realizaba a través de una tubería oculta que terminaba en un punto clandestino ubicado a cuarenta metros de distancia del sitio permitido, evadiendo deliberadamente cualquier control.
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Un patrón de incumplimiento y peligro ambiental
La inspección profundizó en las condiciones generales de la planta y reveló un cuadro de graves negligencias.
Se documentó un manejo inadecuado de residuos peligrosos, con desechos sólidos contaminados dispuestos a cielo abierto, y el almacenamiento inseguro de toneles y envases que contenían sustancias químicas, representando un riesgo de contaminación del suelo y de accidentes para los trabajadores.
Lo más grave fue la constatación de que, aunque la curtiembre tenía construida una planta de tratamiento físico-químico, esta no estaba en operación al momento de la descarga ilegal.
Las evidencias recolectadas, incluidas muestras de agua y fotografías, demostraron de manera irrefutable que los vertimientos detectados nunca pasaron por el sistema de depuración, burlando la normativa y causando un daño directo al río.
La advertencia de la CAR: Cero tolerancia con los infractores del río
Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, fue contundente al señalar que este tipo de acciones judiciales y administrativas continuarán de manera permanente.
"Mientras el sector de las curtiembres no cumpla con las soluciones de fondo, como la construcción y operación real de sistemas de tratamiento colectivos o individuales eficientes, y no abandone las prácticas clandestinas, la CAR no va a cesar en sus operativos de vigilancia y control", afirmó Martínez.
El funcionario conectó directamente este caso con el incumplimiento del fallo judicial que busca salvar el río Bogotá, indicando que cada vertimiento ilegal es un paso atrás en la titánica tarea de recuperación.
La Sentencia del río Bogotá: Un marco de acción que exige resultados
La intervención en Chocontá sirve como un recordatorio poderoso del marco legal que ampara estas acciones.
La Sentencia del río Bogotá, proferida por el Consejo de Estado, es un instrumento jurídico que obliga a decenas de entidades, incluidos los industriales, a tomar medidas concretas y verificables.
La CAR, como autoridad ambiental de la cuenca media y baja, tiene el deber de ejercer la fiscalización rigurosa para que los compromisos no queden en el papel.
La entidad reiteró que su esquema de vigilancia, que incluye patrullajes a toda hora, muestreos sorpresa y el uso de tecnología para detectar descargas nocturnas, se mantendrá activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El mensaje es claro: la protección del río Bogotá es una prioridad innegociable, y no habrá espacio para la impunidad ambiental en el territorio de la CAR Cundinamarca.
