El Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía, está estructurando un documento Conpes que apunta a llevar electricidad a territorios afectados por la pobreza energética. Este plan contempla beneficiar a alrededor de dos millones de habitantes en regiones históricamente desfavorecidas.
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La propuesta, que se prevé involucre una inversión cercana a los 8 billones de pesos, prioriza el desarrollo y ejecución de 50 proyectos estratégicos en áreas del Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Algunas de las prioridades consideradas son la implementación de energías renovables, el abastecimiento de gas, la expansión de la electromovilidad y el fortalecimiento del sector minero.
El borrador del Conpes fue compartido por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante reuniones con gobernadores de Chocó, Amazonas, Vichada y Arauca. Durante estos encuentros, se detallaron las estrategias a seguir para implementar la hoja de ruta diseñada, buscando alcanzar a aquellas regiones con limitado acceso a servicios energéticos permanentes.
Entre los actores involucrados en la estructuración del documento, además del DNP y el Ministerio de Minas, se cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este aporte facilita la garantía de financiamiento y la implementación de los proyectos priorizados en los próximos cinco años.
Se han programado tres reuniones para la socialización del Conpes energético. La primera reunión se realizó con los gobernadores de Chocó, Cauca y Nariño, mientras que los próximos encuentros están previstos antes del término del mes de agosto, lo que permitirá un seguimiento continuo del avance de la iniciativa.
El documento forma parte de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida". Dicho plan subraya la importancia de la Transición Energética Justa y busca contribuir al cierre de brechas en el acceso a servicios públicos, en especial, los relacionados con la energía.
La estrategia refuerza el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro en promover la equidad y garantizar la democratización y justicia en el acceso a los servicios energéticos en todo el país. Este enfoque se alinea con las metas definidas en la política nacional de desarrollo.
La inyección de recursos y la participación coordinada entre diversas entidades evidencian los esfuerzos del Gobierno para transformar la infraestructura energética y mejorar las condiciones de vida en zonas históricamente marginadas. El seguimiento de estos proyectos plantea un escenario en el que la financiación y la planificación estratégica se convierten en pilares para la transformación energética del país.
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