*Fiscalía presenta acusación formal contra César Manrique por su presunta participación en el escándalo de corrupción con la compra de carrotanques para la Guajira.
Los señalamientos alcanzan a otras siete personas quienes se habrían repartido $3 mil millones, el monto de las “coimas” pactadas dentro de la ilícita negociación con dineros oficiales.
El exalcalde de Fusagasugá, según los indicios de la Fiscalía, habría direccionado los contratos en la UNGRD relacionados con la adquisición de 40 vehículos cisternas. La compra haría parte de las estrategias del Gobierno Nacional para abastecer de agua a las poblaciones del extremo norte del país.
Comprometidos ante la justicia también se encuentran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y la cuñada de éste, Sonia Rocío Romero Hernández. Ellos, figuran como contratista dentro de esta negociación.
En las mismas condiciones de hallan el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la dirección del DAFP Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Fiscalía: acusación formal contra César Manrique
Los señalamientos fueron radicados ante la Corte Suprema de Justicia, pliegos que explican el “rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado”.
Concretamente, las acusaciones tienen que ver con “interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos y falsedad en documento privado”. También por falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
De acuerdo a la investigación, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, “facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos”. Esa suma haría parte de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. “A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”.
Roles dentro de la dudosa negociación
Conforme a las investigaciones, evaluaciones y conclusiones de la Fiscalía, los contratos tienen relación con la compra de 40 carrotanques pequeños y el suministro de plantas desalinizadoras. La transacción incluía la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
Para formalizar este dudoso procedimiento, el entonces subdirector de riesgo de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva (ya judicializado), acudió al abogado Riveros Rey. Éste sería el encargado de seleccionar las empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar y definir la asignación a cada contrato.
Simultáneamente y por su parte, Romero Hernández y Cárdenas Angulo, “habrían estructurado los procesos contractuales”. Igual, se habrían encargado de ajustar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas. Para ello, según la Fiscalía, habrían suministrado información reservada y se encargaron de aprobar la “selección de los adjudicatarios definidos con antelación”.
Agenda de la irregularidad
De acuerdo a los agentes encargados de investigar el caso, en octubre de 2023 quedó formalizado el contrato para la adquisición de los referenciados automotores cisterna. Estos equipos serían utilizados en el transporte de agua potable para las comunidades indígenas en La Guajira. La orden de proveeduría fue “ilícitamente” asignada a la Corporación Mixta Yapurutú según advierten los investigadores.
Constataron que Echeverri Toro y Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de dicha corporación, realizaron actos ilegales como la presentación de una propuesta comercial con sobrecostos. Además, incurrieron en falsificación de documentos privados, al igual que facilitaron el desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y el pago de coimas.
En concreto, el ente acusador concluyó que el sobrecosto alcanzó la suma de $13.164 millones de pesos. “De este dinero, se entregó una coima de 3.000 millones a Manrique Soacha, al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por 2.060 millones y de 6.380 millones para los directivos de Yapurutú”.
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Fiscales encargados del caso pudieron verificar, según dicen, que una parte del dinero “apropiado ilegalmente” fue consignado en una cuenta bancaria de Riveros Barbosa. Posteriormente, en nueve ocasiones, hizo retiros por $3.000 millones en efectivo, suma que entregó a Luis Carlos Barreto. Éste se los transfirió a Manrique Soacha a través de su asesor, Aristizábal Rodríguez.
Historial de escándalos en la UNGRD
El caso conocido como el “cartel de los carrotanques” se suma a una serie de denuncias sobre corrupción en la UNGRD, entidad creada para liderar la prevención y atención de emergencias en el país. Desde hace años, la UNGRD ha estado en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en la contratación, especialmente en proyectos destinados a la mitigación de crisis humanitarias en regiones apartadas, como La Guajira y el Chocó.
En 2015, durante la emergencia por el Fenómeno del Niño, se denunciaron sobrecostos en kits alimentarios y en la entrega de carrotanques para comunidades indígenas. En 2020, la Contraloría advirtió irregularidades en contratos por más de 30.000 millones de pesos destinados a la construcción de reservorios de agua.
Otro señalamiento contra César Manrique
Este no sería el primer episodio en el que el nombre del exalcalde de Fusagasugá aparece relacionado con presuntas irregularidades. Durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá (2012-215) fue citado en el escándalo sobre la compra de motos eléctricas.
Ocurrió mediante la formalización del contrato 559 (agosto de 2012) para adquirir 100 motocicletas eléctricas del modelo Cross Zero DS‑ZF9, por un valor de $4.357 millones COP. Los equipos fueron asignados a la Policía Metropolitana. Los vehículos dejaron de funcionar poco después, sin mayores justificaciones.
Se dijo entonces que cada uno de esos aparatos tuvo un sobrecosto de $5,9 millones, más $4 millones extra por kits innecesarios, lo cual sumó un detrimento patrimonial de aproximadamente $1.011 millones.
El contrato, según parece, fue adjudicado de forma irregular (“a dedo”) a la empresa Norbaum Technologies S.A., favoreciendo deliberadamente esa marca, sin, aparentemente, los procedimientos de rigor.
Hace poco, el 31 de marzo de este año, El espectador desarrolló una nota en la cual hizo referencia este caso. Dijo que “el proceso contra Manrique se adelantaba por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”.
Recordó que ello obedece a “irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas para la Policía, negocio que se celebró en agosto de 2012 y que tuvo un costo de los $4.357 millones”.
Más adelante y en la misma nota aclara que un Juez “absolvió a Manrique del cargo de peculado por apropiación, (pero) lo encontró culpable de los dos anteriores, lo cual le acarreó una sentencia de 10 años de cárcel. Es decir, la justicia lo halló responsable de los “delitos de interés indebido en celebración de contratos y falta de requisitos legales. Fue absuelto del delito de peculado”.
