En un movimiento sin precedentes que marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Colombia, la Corte Constitucional ha proclamado la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), atendiendo la grave situación de vulneración de los derechos fundamentales de quienes valientemente defienden estas libertades fundamentales. El pronunciamiento proviene de un llamado desesperado por justicia y protección, donde veinte líderes y defensores de derechos humanos presentaron una acción de tutela exigiendo la salvaguarda constitucional de su integridad y derechos.
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La sentencia de la Corte no solo reconoce los peligros a los que se enfrentan estos líderes, sino que también critica la respuesta inadecuada por parte del Estado. Resalta una serie de falencias que ponen en riesgo la vida y la seguridad de estas personas esenciales para la democracia. Entre ellas, se encuentran:
Además, la decisión judicial enfatiza la urgencia de que la Fiscalía General de la Nación priorice y ejecute acciones diligentes y efectivas para investigar las amenazas y ataques contra estas comunidades. Esto pone en evidencia otras facetas críticas de la vulneración de derechos, como la carencia de mecanismos de protección y la posible deficiencia de fondos destinados a preservar la seguridad de los defensores.
La Corte es enfática en señalar el vacío de un plan coordinado que atienda estas problemáticas de forma integral y la aparente falta de compromiso institucional para corregir los errores sistémicos que ponen en peligro a quienes luchan por la justicia y la equidad.
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