Habitantes de la vereda Bojacá, en el municipio de Chía, presentaron denuncias relacionadas con subarriendos bajo la modalidad de paga-diario y posibles afectaciones a la convivencia. su preocupación por una situación que se presenta en el Conjunto Residencial San Miguel San Valentín, donde se han reportado presuntas irregularidades en el uso de algunas viviendas.
De acuerdo con la información suministrada por la administración del conjunto, algunas casas diseñadas para uso familiar estarían siendo subarrendadas por habitaciones, lo que ha generado sobreocupación, ingreso frecuente de personas externas y inquietudes entre los residentes, especialmente por el impacto que esto podría tener en menores de edad que habitan en el lugar.
Denuncias en conocimiento de las autoridades de Chía
La administradora del conjunto informó que la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y de la DIJIN en el municipio, con el fin de que se verifique si al interior de algunas viviendas se estarían presentando conductas contrarias a la ley, entre ellas la posible comercialización de sustancias ilícitas.
Asimismo, se conoció que el 26 de mayo de 2025 se envió una comunicación formal al propietario de una de las viviendas señaladas, en la cual los copropietarios expresan su preocupación por el uso del inmueble y recuerdan las obligaciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, así como las eventuales consecuencias legales en caso de comprobarse actividades ilegales.
Los residentes indican que el incremento de personas ajenas al conjunto ha generado alteraciones en la tranquilidad, así como llamados de atención relacionados con el cuidado de menores y el respeto por las normas de convivencia. Versiones similares han sido reportadas por habitantes de conjuntos vecinos, quienes también han manifestado inquietudes ante la situación.
Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones e investigaciones pertinentes, mientras la comunidad solicita que se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente y se preserve la seguridad y convivencia al interior del conjunto residencial. Hasta tanto no se emitan pronunciamientos oficiales, las situaciones denunciadas se mantienen en el ámbito de la investigación y verificación por parte de las entidades competentes.
