El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, rechazó vehementemente la propuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de imponer pico y placa dos sábados al mes a los vehículos no matriculados en la capital. Rey Ángel calificó la decisión como "discriminatoria" y basada en un "análisis superficial y poco riguroso de las cifras".
Falta de socialización y un análisis superficial de cifras
En entrevista, el gobernador criticó que la decisión "no fue socializada ni discutida con el departamento ni los municipios", lo que afecta la confianza regional. El mandatario argumentó que Bogotá incurre en una interpretación simplificada al atribuir la caída de su recaudo vehicular a los vehículos matriculados en Cundinamarca.
Rey Ángel presentó cifras que, según él, demuestran que el problema es interno de Bogotá: entre enero y octubre de 2025, Bogotá aumentó sus matrículas en un 34% (pasando de 31.945 a 42.895), pero su recaudo por impuesto de vehículos cayó de $1,2 billones a $1,1 billones. En contraste, Cundinamarca elevó su recaudo de $369.000 millones a $406.000 millones.
El peso de las motos y la legalidad de los incentivos tributarios
El gobernador enfatizó que la estructura tributaria de Cundinamarca está distorsionada por el peso de las motocicletas. A octubre de 2025, de los 207.866 vehículos matriculados en el departamento, 167.000 (el 80.3%) eran motos. Rey Ángel afirmó que el 80% de lo que matricula Cundinamarca son motos que Bogotá desincentivó matricular debido a sus altos costos, duplicando el costo administrativo, empujando ese mercado a municipios cercanos.
Además, el gobernador defendió la legalidad de los incentivos tributarios de Cundinamarca, explicando que el impuesto de vehículos es una renta cedida por la Nación, no un tributo creado por los departamentos, lo que valida la aplicación de descuentos conforme a fallos del Consejo de Estado y al principio de eficiencia tributaria.
Una medida discriminatoria que olvida la interdependencia regional
Rey Ángel señaló que el bajo recaudo en Bogotá también se debe a que es el único lugar en el país que cobra impuesto a los vehículos de servicio público (amparado en la Ley 488 de 1998), llevando a miles de transportadores a matricular sus vehículos fuera de la capital para evitar ese pago.
Finalmente, calificó la medida como discriminatoria porque desconoce la interdependencia regional, citando un estudio que mostró que el 70% de los vehículos que circulan en Soacha tienen placa de Bogotá. Propuso utilizar el componente adicional del 0.2% del impuesto vehicular que Bogotá transfiere a la Región Metropolitana para compensar el uso de la semaforización por parte de los vehículos de Cundinamarca, en lugar de recurrir a medidas restrictivas que fragmentan la movilidad.
