*Corrupción: asegurados César Augusto Manrique y otros acusados por escándalo en la UNGRD mediante la adquisición de carrotaques para la Guajira. Pasarán a centro carcelario según determinó la Juez de Garantías a quien le correspondió el caso.
Para la Fiscalía, el también exalcalde de Fusagasugá, Manrique Soacha, habría recibido $3.000 millones por el “direccionamiento” de un contrato para la adquisición de 40 carrotanques.
Su intervención en ese entramado habría sido facilitada debido a su influencia como director de Departamento Administrativo de la Función Pública, en ese entonces. Todos ellos, según el mismo organismo acusador, están siendo investigados por diferentes delitos.
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En la lista de imputaciones aparecen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación propio y en favor de terceros. También, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Corrupción - UNGRD: asegurados Manrique y otros acusados
La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia exhibió pruebas con los cuales buscó justificar los señalamientos sobre la entrega de $100 mil millones dentro del escándalo en cuestión.
Se trata de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El acuerdo precisaría la entrega de los contratos en cuestión a personas específicas.
De acuerdo a los acusadores, es probable que Manrique haya recibido $3 mil millones de los $29 mil millones del total de la negociación para adquirir los vehículos cisterna en referencia. Además, según las mismas fuentes, los vehículos tendrían un sobrecosto por más de $13.000 millones lo cual mostraría la magnitud de la irregularidad.
Imperiosa necesidad de las comunidades
La emergencia hídrica en La Guajira ha sido una constante durante años. Las comunidades Wayuu y otras poblaciones indígenas han padecido por décadas la falta de acceso a agua potable. Esta situación motivó múltiples intervenciones estatales.
Así, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la UNGRD, estructuró un convenio por $100.000 millones para ejecutar obras y acciones urgentes.
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Las investigaciones comprobarían que César Manrique, desde su posición como Director de Función Pública, intervino activamente en la designación de beneficiarios de esos contratos, a cambio de pagos irregulares.
Junto a él, también fueron aseguradas otras siete personas. Se trata del abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa. También su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien fungía como contratista de la UNGRD.
Además, estarían involucrados el representante legal de Yapurutú, Édgar Echeverri Toro; su jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo. El asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Todos ellos fueron imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación y lavado de activos. Incluye “falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público”.
La Fiscalía sostiene que cada uno jugó un rol determinante para permitir el saqueo de recursos públicos mediante la manipulación de procesos contractuales.
En el desglose de las presuntas ganancias ilícitas se estableció que $2.060 millones fueron destinados a Riveros Rey, mientras que más de $6.300 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.
Más contratos bajo la lupa
La investigación no se limita a los carrotanques. También están siendo analizados otros contratos derivados del mismo convenio por los $100.000 millones.
Entre ellos figuran la compra e instalación de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, interventorías técnicas, y servicios de topografía a nivel nacional. Sobre todos estos pasos recaen serias dudas.
Este nuevo escándalo vuelve a poner en el centro del debate la transparencia y vigilancia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En los últimos años, la entidad ha sido señalada por manejos irregulares en la contratación de obras para atender desastres naturales y crisis humanitarias, convirtiéndose en una caja de herramientas para operadores políticos.
