En una inesperada vuelta de los acontecimientos, lo que parec铆a ser un monumental aseguramiento de activos procedentes del narcotr谩fico se ha transformado en una serie de cap铆tulos dignos de una novela de crimen y corrupci贸n, que involucran falsificaci贸n, robo y extorsi贸n. En 2019, una fortuna que pertenec铆a a Carlos Felipe Toro, conocido como Pipe Montoya o el Caballista, fue confiscada, pero los 煤ltimos desarrollos revelan una trama donde los guardianes se convirtieron en perpetradores.
Los activos en cuesti贸n inclu铆an 69 lujosos relojes y 10 lingotes de oro, valorados en conjunto por encima de los mil trescientos millones de pesos. Dichos bienes se encontraron bajo la protecci贸n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero, lejos de estar seguros, acabaron siendo el objeto de un intrincado delito.
La lista de implicados en este drama es extensa y diversa, englobando a jueces, fiscales y polic铆as. La Fiscal铆a ha destapado una red interna de corrupci贸n en la cual se vieron involucrados miembros de la Dij铆n y la propia Fiscal铆a, quienes participaban en un esquema de extorsiones judiciales, afectando incluso a Toro y su esposa, capturados injustamente en el allanamiento que result贸 ilegal.
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La subteniente M贸nica Alejandra Vanegas de la Dij铆n a帽adi贸 otra capa al caso al denunciar que se falsific贸 su firma para autorizar interceptaciones telef贸nicas y legitimar el operativo de captura de Toro y su consortes. Todo esto desemboc贸 en el hallazgo de que los lingotes de oro eran falsificaciones hechas de lata y que los relojes eran imitaciones baratas.
Con respecto a los profesionales de la ley bajo la lupa, figuran los exfiscales de extinci贸n de dominio, Nicol谩s Sotomonte y David Oliveros, acusados de colaborar en el robo. La jueza 80 de garant铆as de Bogot谩 y la fiscal de Lavado de Activos tambi茅n est谩n siendo investigadas por un posible volteo de mesa en el proceso legal contra el exnarcotraficante y su esposa.
Sumado a esto, la vigilancia de los bienes confiscados fue asignada a un funcionario de la SAE durante tres meses, periodo en el cual se afirma que no hubo seguimiento adecuado que garantizara la custodia efectiva de estos. La ausencia de una cadena de custodia y el registro incorrecto de los bienes han sembrado dudas sobre la transparencia y eficacia del proceso de incautaci贸n.
A pesar de que la fortuna ha desaparecido de las cajas de seguridad donde estaba almacenada, el caso contin煤a abierto y las investigaciones avanzan para esclarecer el papel de cada uno de los implicados. Lo que empez贸 como un 茅xito en la lucha contra el crimen deriv贸 en un laberinto de corrupci贸n y desfalco, poniendo de manifiesto los desaf铆os y vulnerabilidades del sistema de justicia en el manejo de bienes incautados a criminales.
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