La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha iniciado un proceso sancionatorio enfocado en seis minas de carbón operativas en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada del municipio de Cucunubá. La investigación se basa en la falta de permisos ambientales y mineros, según lo establecido por la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que ha derivado en reportes de severos impactos a recursos naturales.
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Durante las visitas técnicas realizadas por el equipo de la Dirección Regional Ubaté de la CAR, se constató que las operaciones mineras se encuentran al margen de la normativa vigente. Los expertos de la entidad han señalado la imperiosa necesidad de que el sector minero obtenga la licencia requerida para proceder de manera legal y acatar las normas ambientales establecidas. La acción se enmarca en una estrategia de control que busca prevenir futuros daños a los ecosistemas locales.
Los informes técnicos de las inspecciones han permitido identificar una serie de afectaciones ambientales, entre las que se destacan los impactos en zonas cercanas a fuentes hídricas de gran relevancia para la zona. En este contexto, se ha verificado la afectación de las quebradas Pueblo Viejo, Palacios y Media Luna, lo que compromete la integridad del ecosistema y la calidad de los recursos hídricos.
Asimismo, en las áreas intervenidas se constató la ausencia de infraestructura destinada al manejo adecuado de las aguas de escorrentía. Este factor ha contribuido a la aceleración de la erosión del terreno, sobre todo durante los períodos de fuertes lluvias, aumentando así la vulnerabilidad de la región frente a eventos climáticos adversos.
Además de la preocupación por el deterioro de zonas hídricas, las operaciones mineras irregulares han afectado la cobertura vegetal, lo que pone en riesgo tanto los bosques nativos como los terrenos destinados a actividades agropecuarias. La persistencia de estos antecedentes resalta la necesidad de una gestión ambiental eficaz y de aplicar sanciones disuasorias para prevenir futuros incumplimientos.
El proceso sancionatorio, según declaraciones del director regional de la CAR en Ubaté, Bryan Martínez, pretende sentar un precedente en la lucha contra la minería ilegal. Entre las medidas que podrían derivarse se encuentran la imposición de multas económicas elevadas a los responsables, lo que funcionará como un mecanismo de control adicional.
La CAR enfatiza que la legalización de las actividades mineras, a través del cumplimiento de los trámites y la obtención de licencias, es imprescindible para garantizar la protección de los recursos naturales. La entidad hace un llamado al sector minero para que asuma las obligaciones legales y ambientales que aseguren la continuidad de un desarrollo sustentable en la región.
Finalmente, el seguimiento de este proceso sancionatorio se presenta como una herramienta clave para fortalecer la normatividad ambiental y preservar la calidad de vida de los habitantes de Cucunubá y áreas circundantes. La implementación de medidas de control y la exigencia de responsabilidades legales se alinean con la meta de salvaguardar un ambiente sano y equilibrado para las futuras generaciones.
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