Las autoridades ambientales y de seguridad han implementado una medida inmediata para detener las actividades mineras ilegales en la zona rural de Lenguazaque, Cundinamarca, lo que constituye una acción en línea con los esfuerzos regionales para proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales. Este operativo, que se realizó en el predio La Carbonera, resalta la coordinación entre distintas instituciones y destaca la importancia de la observación constante en actividades que puedan afectar a los ecosistemas locales.
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La operación contó con el apoyo de varias entidades que también han trabajado en coordinación en otros escenarios de alto impacto. Entre los actores involucrados se encuentran la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el Grupo de Caballería Mediano #13 Tequendama del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Estos organismos se unen para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y evitar el deterioro irreversible de los recursos del territorio.
El operativo se desarrolló en un área conocida por la presencia de actividades mineras irregulares y ubicadas en la vereda Tabita El Carmen. Durante la diligencia, se constató el desarrollo de la explotación subterránea de carbón mineral en una extensión aproximada de 0,46 hectáreas.
La directora general en funciones de la CAR, Emma Constanza Zúñiga, afirmó que si bien el predio contaba con título minero, no se encontraba autorizada por la entidad ambiental competente, situación que justificaba la suspensión inmediata. Durante el operativo realizado el pasado 24 de abril, las evidencias recabadas por los técnicos confirmaron la actividad ilegal, lo que motivó el bloqueo de la mina y el inicio de procedimientos sancionatorios correspondientes.
El informe técnico elaborado por la UIGA detalla las consecuencias ambientales derivadas de la actividad minera irregular. Entre las afectaciones identificadas se encuentran alteraciones en la estructura y propiedades fisicoquímicas del suelo, cambios en la calidad del recurso hídrico y pérdida de la cobertura vegetal del área.
La revisión técnica en el predio permitió identificar que el proceso minero se desarrollaba de forma mecanizada, haciendo uso de equipos que aceleran la alteración del área. Además, se constató la presencia de infraestructuras provisionales destinadas a sostener la operación subterránea, lo que generó daños adicionales en forma de excavaciones y removido de capas de tierra. Este proceso también ha implicado la tala de árboles sin autorización, incrementando los riesgos asociados a la erosión y a la degradación del ecosistema circundante.
La repercusión ambiental del operativo se observa en la proximidad de una fuente hídrica, que recibe directamente flujos contaminados por la disposición inadecuada del carbón. Estos flujos alteran las propiedades fisicoquímicas del agua, generando un impacto que se extiende más allá del área inmediata de la minería ilegal. Los daños en el recurso hídrico se suman a los efectos adversos sobre la calidad del suelo y la estabilidad del paisaje, información que ha sido recabada de manera sistemática por los técnicos de la UIGA.
Entre las principales consecuencias que se han detectado, los técnicos han elaborado un análisis detallado de las alteraciones ambientales, presentando una lista de datos relevantes:
• Modificación de las características naturales del suelo.
• Contaminación de aguas cercanas a la boca de la mina.
• Pérdida de la cobertura vegetal que favorece la erosión.
Esta recopilación de datos respalda el criterio de las autoridades de suspender actividades para prevenir daños mayores en la zona.
La UIGA, en conjunto con las fuerzas de seguridad, ha realizado más de 70 operativos de alto impacto desde el inicio del año 2024.
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