En medio de la angustiante crisis por el racionamiento que afectó a Bogotá, Soacha y otros municipios de Cundinamarca, salió a la luz una impactante realidad: mientras la ciudadanía soportaba restricciones y contaba cada gota, grupos criminales se dedicaban a robar el preciado líquido del sistema oficial para revenderlo en carrotanques, lucrándose de la escasez.
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El lucro ilegal en tiempos de escasez
Sin embargo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en un esfuerzo decidido por poner freno a esta práctica ilícita, desplegó un contundente plan de operativos en agosto de 2025.
En colaboración con la Policía Nacional, equipos especializados de la EAAB recorrieron 20 localidades de la capital y el municipio vecino de Soacha.
El objetivo no era una visita de rutina, sino desenmascarar conexiones clandestinas, manipulaciones de redes y fraudes que drenaban recursos del sistema y afectaban el bolsillo de todos los usuarios, generando un significativo hueco financiero para la empresa.
Operativos contundentes y cifras alarmantes
Los resultados de estas acciones son irrefutables y cuantiosos: se realizaron más de 690 inspecciones a viviendas, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de carros.
Como resultado directo, se logró la recuperación de 676.753 metros cúbicos de agua, un volumen que, al ser facturado, representa cerca de 5.000 millones de pesos.
Para dimensionar el impacto en términos cotidianos, esa cantidad de agua recuperada sería suficiente para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3.
De este volumen total, una cifra considerable de 94.234 metros cúbicos provenían directamente de fraudes, conexiones fraudulentas que, de no haberse detectado, habrían significado pérdidas cercanas a los 586 millones de pesos.
Más allá de los números, el golpe revela un problema de fondo: el robo de agua no es un hecho aislado, sino una práctica que se ha extendido y sofisticado en varias zonas de la capital.
Según los reportes de la EAAB, las localidades más críticas afectadas por este delito contra el servicio público fueron Engativá, con el 15% de los casos identificados; Kennedy, con el 9,5%; y Bosa, con el 8,6%.
En estas zonas, se detectaron redes manipuladas, válvulas alteradas y conexiones ilegales que no solo restaban presión al servicio formal, sino que generaban un millonario perjuicio económico.
Capturas, consecuencias legales y llamado ciudadano
La gravedad de la situación ha llevado a la EAAB a interponer 39 denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.
Estos procesos judiciales corresponden a un volumen de 241.086 metros cúbicos hurtados, valorados en más de 2.100 millones de pesos.
Con esta estrategia legal, la entidad busca no solo recuperar los recursos desviados, sino también enviar un mensaje claro y ejemplarizante: robar agua es un delito que afecta a toda la ciudad y que conlleva serias consecuencias penales.
Uno de los episodios más escandalosos fue descubierto en la localidad de San Cristóbal. Allí, en un parqueadero que pasaba desapercibido, las autoridades hallaron una conexión clandestina desde la cual se extraía agua directamente de la red oficial.
Lo más alarmante es que el líquido robado no era para consumo interno, sino que era vendido en carrotanques a terceros, operando como un negocio paralelo y meticulosamente planificado.
El cálculo de lo robado en este único punto es indignante: 4.238 metros cúbicos, con un valor estimado en 46,4 millones de pesos.
El propietario del lugar fue capturado en flagrancia y puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales.
La EAAB subraya que el éxito de esta lucha contra la ilegalidad depende también, y de manera crucial, de la colaboración ciudadana.
Por ello, invita enfáticamente a la comunidad a reportar cualquier manipulación ilegal de las redes a través de la Acualínea 116 o mediante el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.
Cada denuncia ciudadana puede ser vital para evitar pérdidas millonarias y, fundamentalmente, para asegurar que el agua llegue de forma legal, segura y equitativa a quienes verdaderamente la necesitan.
Con estos operativos, el Distrito busca no solo frenar el robo de agua, sino también proteger un recurso que es cada vez más valioso.
Las acciones de control y las denuncias judiciales son una señal de que el Estado está decidido a cerrarles el camino a quienes convierten el líquido vital en un botín ilegítimo.
