Una investigación reciente ha puesto de manifiesto la existencia de una red criminal operada desde el interior del pabellón N.º 6 de la cárcel La Picota en Bogotá. Las autoridades han detectado que un grupo de reclusos organizó una estructura que, mediante el uso de tecnología y métodos sistematizados, se asemejaba a una central de atención telefónica destinada a la extorsión y otros delitos.
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El operativo evidencia una operación bien estructurada en la que se han puesto en práctica diversas modalidades de engaño. Los privados de la libertad, utilizando los recursos tecnológicos a su alcance, han organizado un sistema que les permite realizar cientos de llamadas diarias con el objetivo de defraudar a ciudadanos de diferentes regiones del país. Este hallazgo se suma a la complejidad del ecosistema delictivo identificado dentro del centro penitenciario.

Entre los elementos que respaldan el funcionamiento de este “call center” se destacan avances tecnológicos y de organización, donde se han identificado mínimos los siguientes recursos:
• 40 teléfonos móviles
• 60 tarjetas SIM
• 15 cables USB
• 30 cargadores
• Libretas con registros detallados de cada llamada
Estos objetos evidencian que, a pesar de encontrarse en un entorno de reclusión, los involucrados han logrado establecer una infraestructura que facilita la extorsión de posibles víctimas.
La red criminal ha empleado diversas estrategias para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Entre las técnicas utilizadas se encuentran la suplantación de:
• Fiscales
• Funcionarios judiciales
• Miembros de la Policía Nacional
• Empleados de entidades financieras
Adicionalmente, se ha reportado el uso de la ingeniería social para simular situaciones de emergencia, presentándose incluso como familiares en apuros, lo que contribuye a la identificación del modus operandi de la organización.
El operativo permitió constatar que el funcionamiento del call center era meticuloso, con cada recluso asignado a un “puesto” fijo a través de cabinas y números designados para la centralización de las llamadas. Esta organización interna se apoya en manuales de abordaje y guiones previamente elaborados, lo cual garantiza la continuidad del delito y la eficiencia en la aplicación de las técnicas de manipulación.
La investigación fue posible gracias a la acción conjunta del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Fiscalía General de la Nación. Esta coordinación permitió detectar los movimientos de la red mediante un seguimiento detallado durante varias semanas, concluyendo en operativos que han alcanzado pruebas irrefutables sobre la existencia y funcionamiento de la estructura delictiva.
Durante el operativo, las autoridades realizaron registros en el pabellón implicado, obteniendo no solo material tecnológico sino también otros elementos que conforman el entramado criminal. En el allanamiento se han identificado, además de los dispositivos previamente mencionados, elementos como armas cortopunzantes, sustancias estupefacientes y licor, ampliando el espectro de actividades ilícitas dentro del penal.
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