En las últimas semanas se ha observado un incremento en las actividades de producción ilegal de carbón vegetal en varios municipios de Cundinamarca y algunas zonas rurales de Bogotá, lo que ha derivado en inquietudes entre las autoridades ambientales y de salud pública. Este fenómeno, resaltado por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, ha impulsado la adopción de medidas operativas conjuntas con otras entidades estatales para hacer frente a la problemática, sin que hasta la fecha se hayan emitido juicios de valor o conclusiones definitivas respecto a las consecuencias en el entorno.
El marco normativo vigente para la producción de carbón establece que dicha actividad debe realizarse bajo estrictos protocolos de aprovechamiento sostenible de los recursos, con el acompañamiento de condiciones de seguridad industrial y legalidad en cada etapa de la cadena productiva. La Resolución 753 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especifica de manera detallada los requisitos que deben cumplir los productores para que la actividad se considere legal y respetuosa del medio ambiente. Esta normativa busca, por un lado, frenarlas implicancias negativas en la calidad del aire y, por otro, garantizar la correcta utilización de recursos en el territorio.
Adicionalmente, para que el producto pueda circular legalmente, se requiere contar con el Salvoconducto Único Nacional (SUN) que autorice y permita el seguimiento por parte de las entidades competentes, garantizando la trazabilidad en la cadena productiva.
No obstante, las declaraciones de los directivos de la CAR han evidenciado que los controles establecidos no se están implementando de manera integral. Alfred Ballesteros, director de la CAR en Cundinamarca, señaló en declaraciones recientes que la normativa no se cumple en su totalidad y que la ausencia de registros precisos permite que se produzcan emisiones contaminantes sin la supervisión necesaria. De igual manera, esta falta de control se extiende a la quema de materiales que pueden incluir residuos como pinturas o combustibles adicionales, los cuales, al ser incinerados junto con la leña, contribuyen a comprometer la calidad del aire y potencialmente afectan la salud de las poblaciones vecinas.
La situación actual ha despertado preocupaciones relacionadas con la posible influencia de estas quemas ilegales en la salud pública. Expertos en temas ambientales han advertido que el uso inadecuado de hornos que no cumplen con los estándares de emisiones y la mezcla de residuos en el proceso productivo pueden desencadenar riesgos para la salud respiratoria de los habitantes de zonas aledañas.
Entre las implicaciones mencionadas por el carbón vegetal se pueden identificar:
• Aumento en la contaminación atmosférica.
• Emisión de compuestos tóxicos derivados de la quema de materiales no regulados.
• Potencial deterioro de la salud respiratoria en comunidades cercanas.
Estos datos evidencian cómo la falta de supervisión y de registros oficiales puede generar un impacto que se extiende más allá de la esfera ambiental y repercute en la calidad de vida de la población.
En una operación conjunta entre la CAR, el Ejército Nacional y la Policía, las autoridades intervinieron un predio en la localidad de Suba, Bogotá, tras denuncias de quemas para producir carbón ilegal. Durante el operativo fueron capturadas en flagrancia dos personas, puestas a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales, en una acción que refleja el trabajo interinstitucional para combatir estas prácticas.
Según el Ejército Nacional, el crecimiento del mercado ilegal de carbón se ve favorecido por vacíos informativos sobre la normativa, aprovechados por grupos organizados. El coronel Luis González, comandante de la Brigada 13 de Caballería, indicó que el desconocimiento del marco legal facilita la comisión de delitos que generan ganancias a sus responsables, lo que evidencia la necesidad de mayor difusión de la normativa y estrategias de control más sólidas en la región.
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El despliegue de operaciones coordinadas para combatir la producción ilegal de carbón evidencia, a nivel regional, la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones. La realización de inspecciones y allanamientos en predios privados, así como la intervención en puntos estratégicos de la cadena productiva, representa uno de los enfoques adoptados para frenarlo. Esta modalidad operativa se sustenta en la conjugación de esfuerzos y en el uso de instrumentos legales que, al mismo tiempo, permiten resguardar los derechos de los ciudadanos y preservar la integridad del entorno.
En síntesis, la actual situación en Cundinamarca en relación con la producción ilegal de carbón vegetal y su posterior comercialización ha impulsado reacciones a nivel institucional, buscando mitigar impactos ambientales y de salud pública mediante operativos y el reclamo del cumplimiento normativo. La denuncia de la CAR y las intervenciones conjuntas entre diferentes cuerpos y entidades estatales reflejan las acciones emprendidas sin emitir juicios valorativos sobre la conducta de los involucrados. Estas medidas reafirman un compromiso por parte de las autoridades en optimizar la supervisión y regulación de las actividades productivas en la región, con el fin de lograr un equilibrio entre el aprovechamiento de recursos y la preservación del entorno natural.
