La Fiscalía General de la Nación logró la aprobación de un preacuerdo judicial con Raúl Méndez Moreno, propietario de un glamping ubicado en el municipio de Manta, Cundinamarca, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, tras una fuga de monóxido de carbono que dejó una mujer muerta y un hombre herido el 22 de abril de 2022.
Durante las investigaciones se determinó que Raúl Méndez Moreno, dueño del establecimiento, permitió la manipulación de las instalaciones de gas natural para conectar calentadores y otros equipos. Estas modificaciones fueron efectuadas por personal sin la debida experiencia ni autorización técnica, lo que comprometió el sistema de ventilación del glamping.
El procedimiento judicial ha sido avalado por un juez penal de Chocontá (Cundinamarca), lo que ratifica los términos de la negociación judicial y evidencia la aplicación de medidas ante hechos de negligencia. El acuerdo resalta las responsabilidades del propietario sin incidir en valoraciones subjetivas.
El acuerdo judicial establece de manera clara las sanciones aplicables, entre las cuales se incluyen:
• Tres años de prisión para el propietario.
• Una multa equivalente a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Consecuencias ocurridas en el glamping
La investigación fue liderada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, quien presentó las evidencias que relacionaban la falta de control y supervisión técnica con las consecuencias ocurridas en el glamping. Las pruebas mostraron que la inadecuada instalación de equipos generó condiciones peligrosas, afectando la integridad de los asistentes al establecimiento.
Las conclusiones del proceso han sido comunicadas sin emitir juicios de valor, manteniendo un enfoque meramente informativo sobre los hechos y las medidas legalmente aplicadas. Asimismo, se mantiene la reserva sobre detalles técnicos adicionales que permanecerán en el ámbito de la investigación.
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El juzgado ha programado la lectura de la sentencia para el próximo 8 de mayo, lo que permitirá definir de forma formal la resolución del caso ante la justicia. La actualización de la situación será de interés para la comunidad y las autoridades reglamentarias del sector.
Este acontecimiento resalta la importancia del cumplimiento de las normativas técnicas y de seguridad en establecimientos comerciales, recordando la necesidad de seguir procedimientos establecidos para evitar riesgos a los usuarios.
