El reciente acuerdo entre Prosperidad Social y la DIAN ha permitido la distribución de bienes recuperados para fortalecer el bienestar de hogares en 19 departamentos del país. Esta estrategia, enmarcada en las políticas del Gobierno nacional, busca asistir a comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, utilizando mercancías incautadas en acciones contra el contrabando.
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Durante los últimos 14 meses se han beneficiado a 56.701 personas, muchas de ellas residentes en hogares de escasos recursos, a quienes se les han entregado bienes valorados en más de 44.000 millones de pesos. La iniciativa se alinea con proyectos de desarrollo nacionales y pretende contrarrestar el efecto negativo que el contrabando tiene sobre la recaudación de impuestos y los programas sociales.
La problemática del contrabando, que priva a los gobiernos de importantes ingresos por aranceles e impuestos, afecta directamente el acceso de segmentos poblacionales a servicios y ayudas estatales. En este contexto, las entidades implicadas utilizan bienes incautados para fortalecer el impacto social positivo en áreas particularmente vulnerables, recuperando recursos que benefician a comunidades marginadas.
La ejecución de este proyecto se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida", una estrategia integral que prioriza la redistribución de recursos y el alivio en zonas afectadas por problemas estructurales. Las acciones desarrolladas reflejan el compromiso de las instituciones en revertir los efectos adversos derivados de actividades ilícitas.
Entre los aspectos relevantes de la iniciativa se destacan:
• Beneficiarios: Más de 56.701 personas, en su mayoría pertenecientes a hogares con dificultades económicas.
• Inversión: Distribución de bienes por un valor superior a 44.000 millones de pesos.
• Cobertura: 19 departamentos del país con especial atención a zonas fronterizas.
• Alcance en Cundinamarca: 12.262 hogares asistidos con una inversión superior a 5.039 millones de pesos.
En Cundinamarca, la distribución ha alcanzado a 12.262 familias, lo que demuestra el impacto de la alianza en regiones con altos índices de pobreza y vulnerabilidad. La estrategia se orienta a llevar alivio a municipios rurales donde se registran dificultades en salud, educación, servicios públicos e ingresos económicos.
La gerente regional de Cundinamarca, Katerine Castellanos Forigua, manifestó que se ha focalizado la asistencia en áreas de alto riesgo y pobreza, resaltando la visita a 12 municipios en zonas rurales, lo que ha permitido identificar las necesidades específicas de cada comunidad sin emitir juicios de valor.
En abril de 2024, las autoridades actualizaron el convenio de colaboración, enfatizando la atención a ciudades y municipios ubicados en zonas fronterizas. Esto permite una distribución más ágil y direccionada de los bienes, orientada a entregar recursos recuperados a sectores que históricamente han presentado mayor vulnerabilidad.
La iniciativa, cuyo objetivo es restituir beneficios a los grupos sociales afectados, demuestra la coordinación interinstitucional sin emitir opiniones finales, limitándose a informar los hechos. Este proceso de redistribución rinde cuenta de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el contrabando y en el acompañamiento a los hogares en situación de necesidad.
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