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Cundinamarca: Habrían ayudado a falsos docentes a conseguir su pensión

juez

Por: Mireya Porras

Entre 2010 y 2014, los condenados emitieron 1.607 documentos alterados para que falsos docentes consiguieran beneficios pensionales.

Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez, exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca, fueron condenados, a 72 y 84 meses de prisión, respectivamente. Ellos recibieron la sentencia, por emitir documentos y certificados adulterados, para ayudar a falsos maestros a tramitar beneficios pensionales, entre los años 2010 y 2014.

Según la investigación de la Fiscalía, el esquema de fraude fue creado por medio de la empresa C&C Abogados SAS, cuya actividad principal correspondía a la representación de docentes.

Al parecer, los abogados Carlos Ocho y Juan Carlos Solaque diseñaron varias modalidades para conseguir desembolsos de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP).

Pagaban a falsos docentes

Para esto cooptaron a los funcionarios de la Gobernación, a quienes pagaban honorarios, por emitir documentos con nombres de supuestos docentes para tramitar una pensión a la que no tenían derecho.

Los funcionarios recibían a través de correos electrónicos los nombres de las personas que debían certificar. Esto ocurría como si las hubieran nombrado en la planta docente del departamento, o a quienes debían subir en la escalera salarias.

Sistema «Mercurio»

Así, utilizaban el sistema de la Gobernación “Mercurio”, para general documentos falsos, utilizando la firma mecánica de la directora de la oficina de archivo de la Secretaría de Educación.

“Una vez impreso el documento lo hacían sellar de la directora para autenticarlo. Pero, en este caso, se cambiaba en el documento de nombramiento el nombre de una persona por el docente que se necesitaba incluir. Así lo pasaban a la firma de la jefe de sección de archivo, quien estampaba el sello de autenticidad”, relató el fiscal del caso durante el juicio.

De esta forma, los condenados emitieron de manera conjunta 1.607 certificaciones con falsedades, para obtener beneficios pensionales como sobresueldos del 20%.

A cambio, los funcionarios recibieron coimas por $20 millones. Con estos documentos, la firma de abogados hacía requerimientos a la UGPP para que se solicitara el reconocimiento de pensión de gracia a los docentes incluidos en las listas.

Emserfusa E.S.P

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