La Procuraduría General ratificó la destitución e inhabilidad de 18 años contra el mandatario de esa población, Hugo Orlando Arévalo Pulido, por exigir dinero a tres empresarios a cambio de no impedir el desarrollo de proyectos urbanísticos. En mayo pasado y en primera instancia había sido tomada la determinación de castigar la conducta de los implicados.
Para el Ministerio Público también les cabe responsabilidad a los concejales Henry Bohórquez Fierro, Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez, Jairo Hernán Pardo y Milton Mauricio Chacón, quienes igualmente fueron cobijados con destitución e inhabilidad de 14 años para ocupar posiciones oficiales.
Todos ellos habrían exigido el pago de millonaria suma de dinero a fin de no interponerse en proyectos que tres empresarios pretendían adelantar en esa población de la Sabana Occidente de Cundinamarca; el compromiso era que no ejercieran demanda sobre el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, de El Rosal previamente aprobado.
“En las imágenes (presentadas como pruebas) se ve el ingreso de los concejales a la casa del ciudadano afectado y en el audio se escucha que piden $1.200 millones de pesos para no atacar jurídicamente el plan de ordenamiento. “Eso fue lo que se acordó al comienzo (…) estamos claros sobre eso”, precisa un aparte de la grabación”, indica la Procuraduría al justificar su decisión.
Dice el expediente que el caso ocurrió poco después de la posesión de Arévalo Pulido como Alcalde; exigía el pago de la cuantiosa suma de dinero a fin de no presentar demanda contra el Acuerdo que el 28 de diciembre del 2015 había aprobado el Concejo de El Rosal por iniciativa del anterior gobierno determinando el EOT.
Además de los aspectos disciplinarios el Alcalde y los concejales enfrentan la posibilidad de castigos de tipo penal según recuerda el Ministerio Público: “(…) el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión (…)”, dice.
La Sala disciplinaria considera que incurrieron en faltas gravísimas cometidas a título de dolo, por cuanto el mandatario y los corporados conocían la ilegalidad de su conducta.
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