Para entender por qué el decreto del salario mínimo de 2026 está bajo la lupa, es necesario remontarse a un antecedente jurídico reciente que dejó una lección clara al Gobierno Nacional.
En marzo de 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, el cual había fijado el incremento salarial del 7% para el año 2016.
La importancia de este fallo radica en que fue la primera vez que el máximo tribunal administrativo anuló una decisión de este tipo, enviando un mensaje directo sobre los límites del poder presidencial en temas económicos.
Según el Consejo de Estado, el Gobierno Santos incurrió en una “falta de motivación” al expedir el decreto de forma unilateral, lo que vició de ilegalidad la norma.
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La obligación de justificar técnicamente el aumento
En aquel momento, el alto tribunal determinó que el Gobierno no explicó de manera suficiente las razones técnicas por las cuales eligió el incremento del 7%, ignorando parámetros constitucionales fundamentales como la productividad y la contribución del salario al Producto Interno Bruto (PIB).
Este fallo sentó un precedente jurídico trascendental: en adelante, cuando el Gobierno fije el salario mínimo por decreto ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, está obligado a justificar técnicamente cada uno de los factores económicos utilizados para determinar el aumento.
Si el decreto del Gobierno Petro de los $2.000.000 no contiene una justificación técnica exhaustiva que analice estas variables, podría ser vulnerable a una demanda similar que alegue nuevamente la falta de motivación administrativa.
Efectos de una posible anulación y la lección de la historia
Es fundamental aclarar que, en el antecedente de 2017, la anulación no tuvo efectos económicos retroactivos.
Esto significa que los salarios, multas y tributos que ya habían sido pagados con base en el decreto anulado no sufrieron cambios, debido a que para la fecha del fallo ya estaba rigiendo un nuevo decreto salarial.
Por lo tanto, aunque una demanda contra el incremento de 2026 prospere, es poco probable que los trabajadores deban devolver dinero, pero sí representaría un golpe devastador a la seguridad jurídica y a la política económica del actual Ejecutivo.
La lección de la historia es que el rigor técnico no es opcional; el Consejo de Estado exige que las decisiones que afectan a millones de colombianos estén ancladas en datos reales de productividad y no solo en voluntades políticas, una regla de oro que será la clave del debate jurídico en este inicio de año.
