En el municipio de Ráquira, Boyacá, se ha desarrollado un operativo en coordinación con diversas entidades estatales, dando como resultado la suspensión de actividades mineras que operaban sin contar con licencia ambiental ni título minero. La acción, que involucra instituciones como el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se ejecutó en la vereda Firita Peña Arriba, específicamente en el predio conocido como La Lomita.
Los técnicos de la CAR registraron que la extracción de carbón se llevaba a cabo de forma mecanizada sin la licencia simple ni el plan de manejo ambiental que la ley exige. La alteración del recurso suelo fue evidente por la pérdida de la capa vegetal, lo que genera posibles consecuencias en la estructura del terreno y la calidad del suelo. Se observó que la remoción de la masa vegetal y el almacenamiento inadecuado de residuos sólidos pueden potenciar el arrastre de sedimentos hacia fuentes hídricas, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.
Operativo ambiental de la CAR, a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), permitió inspeccionar una mina subterránea de carbón de piedra donde se evidenció la vulneración de normativas por falta de permisos legales. Entre los datos relevantes del operativo se destacan:
• Remoción de cobertura vegetal en un área aproximada de 6.400 metros cuadrados.
• Depósitos de material estéril sin el manejo técnico adecuado.
• Vertido incontrolado de aguas residuales con posibles sustancias químicas.
En paralelo, la gestión de aguas residuales se presenta como un aspecto crítico en la actividad minera estudiada. Los residuos líquidos, vertidos sin control, representan un riesgo potencial de contaminación en fuentes hídricas cercanas. Este hecho, sumado a la presencia de químicos sin un adecuado tratamiento, supone una amenaza que podría afectar la integridad del entorno natural y la seguridad de los recursos hídricos en la zona.
La intervención coordinada ha permitido constatar otras problemáticas ambientales asociadas a la minería ilegal, entre las que se incluyen la emisión de material particulado y la utilización constante de maquinaria pesada. Dichas condiciones pueden impactar negativamente en la calidad del aire, sobre todo durante las temporadas secas, cuando la dispersión de polvo y otros contaminantes se ve incrementada. La presencia de estos factores resalta la importancia de respetar las normativas ambientales vigentes en todo tipo de actividades industriales.
Le puede interesar: Soacha impulsa biciturismo hacia la vereda Bosatama
Otra dimensión evaluada por los operadores es la alteración sustancial del paisaje. Se comprobó que la actividad minera ha ocasionado cambios en el relieve y una exposición del subsuelo que contribuyen, de manera gradual, a la fragmentación del ecosistema. El deterioro diferencial del recurso paisaje puede influir en la distribución y dinámica de la biodiversidad, lo que a la larga afecta también a las actividades productivas y sociales dentro del territorio.
El informe técnico subraya además que la explotación sin licencia se ha caracterizado por la alteración directa del terreno, comprometiendo tanto la estabilidad del suelo como el equilibrio ecológico de la región. La ausencia de medidas de control y la falta de planificación asociada a estas operaciones tienen efectos que se reflejan en la degradación progresiva de la zona, lo cual ha sido documentado en diversas etapas del operativo.
En respuesta a las evidencias recogidas, las autoridades responsables han procedido a la suspensión inmediata de toda actividad minera en el predio. Como parte de la medida preventiva, se han decomisado los equipos utilizados en la extracción de carbón, con el propósito de evitar que la actividad continúe y se agrave el deterioro ambiental observado. Estas acciones preventivas se enmarcan en el compromiso institucional de proteger los recursos naturales y garantizar la aplicación de la normativa ambiental.
