La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha actuado decisivamente contra la minería ilegal en su jurisdicción, ordenando la suspensión inmediata de las actividades de una mina de carbón. Esta operación, llevada a cabo por la dirección regional Chiquinquirá de la CAR con el apoyo de la Policía Nacional, se concentró en el municipio de Ráquira, Boyacá.
La mina suspendida se localizaba específicamente en la vereda Firita Peña Arriba. La decisión se tomó después de varias visitas técnicas realizadas por la CAR que lograron confirmar y validar el nivel de las afectaciones ambientales generadas por la explotación.
Los hallazgos de los funcionarios de la CAR y los técnicos fueron contundentes. Se evidenció que la explotación subterránea de carbón se estaba realizando de manera totalmente ilegal, es decir, sin contar con la licencia ambiental ni el título minero requeridos por la ley. El director regional de Chiquinquirá, Yiber González, explicó que la decisión de suspensión se sustenta en la flagrancia de actividades sin licencia ambiental que estaban causando afectaciones directas a los recursos naturales.
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2.500 m² de suelo afectado y vertimientos ilegales en hídrica
El impacto ambiental identificado fue severo, afectando directamente los recursos suelo, agua y flora. Los técnicos observaron la disposición inadecuada de material estéril. Esta mala disposición cubría un área aproximada de 2.500 metros cuadrados (m²). Adicionalmente, se encontraron vertimientos de aguas residuales no autorizados sobre una fuente hídrica. La medida de suspensión ordenada por la CAR incluye específicamente la paralización de estas actividades de explotación subterránea y el cierre de dos puntos de vertimientos de aguas residuales sin permiso.
El director regional Yiber González enfatizó que estas acciones venían ocasionando graves impactos ambientales en el suelo, el recurso hídrico y la vegetación de la zona de Firita Peña Arriba.
Refuerzan ofensiva contra minería ilegal
Una vez en el predio, se llevó a cabo el protocolo para la verificación de las afectaciones. Esta verificación es crucial para la elaboración del informe técnico que formaliza y sustenta la medida preventiva de suspensión. González reiteró el compromiso de la entidad: “Seguimos protegiendo los recursos naturales de nuestra región, y por eso, con el acompañamiento de la Policía Nacional materializamos la medida preventiva y ordenamos la suspensión inmediata de actividades ilegales de explotación de carbón en este punto”.
Este operativo en Ráquira forma parte de una ofensiva más amplia contra la minería ilegal. En lo que va del año 2025, la dirección regional de Chiquinquirá ha desarrollado varios operativos contra esta práctica dentro de su jurisdicción. La CAR es clara al señalar que las prácticas mineras que se realizan sin los debidos permisos representan una amenaza directa al equilibrio del ecosistema.
Las consecuencias de la minería ilegal son múltiples y devastadoras, incluyendo el deterioro de suelos, la contaminación de fuentes de agua y la afectación de la biodiversidad.
El director González reafirmó el mandato institucional enérgicamente: “Con estas acciones la CAR reafirma su compromiso de velar por la vida, el agua y los ecosistemas, enviando un mensaje claro, la minería ilegal, no tiene cabida en nuestro territorio”.
La acción en Ráquira, Boyacá, subraya la importancia de la fiscalización y el control ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La decisión de suspender las actividades de explotación subterránea de carbón en la vereda Firita Peña Arriba no solo protege los recursos naturales del suelo, agua y flora, sino que también envía una señal inequívoca a quienes buscan operar fuera del marco legal ambiental, poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas. La CAR actúa con el fin de proteger la vida y el agua en su territorio.
El director regional Yiber González, junto a la Policía Nacional, lidera esta estrategia que busca preservar el patrimonio natural. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ubicada en Bogotá, Colombia, con su sede regional en Chiquinquirá, ratifica su enfoque en la gobernanza ambiental.