La Vicepresidencia de la República y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se han unido para llevar a cabo la iniciativa #EducaciónConJusticiaSocial, con el objetivo de combatir la desigualdad, inequidad y discriminación en Colombia. Mediante esta alianza, se ofrecerán 6.900 cupos en procesos de formación en 84 municipios del país.

El contrato interadministrativo firmado entre la Vicepresidencia de la República y la UNAD permitirá desarrollar programas de formación en igualdad, equidad y no discriminación, con el propósito de cerrar las brechas de acceso a la educación y fomentar la inclusión en la sociedad colombiana. Esta iniciativa, que ha sido publicada en la sección de noticias de la página web de la UNAD, busca llegar a diferentes sectores de la población, incluyendo servidores públicos, miembros de organizaciones sociales y grupos étnicos, así como a aquellos con especial protección constitucional.
Para lograr una mayor participación, se ofrecerán diplomados y cursos en modalidad presencial y virtual, abordando temas de igualdad, equidad y no discriminación. Estos programas de capacitación estarán disponibles para los habitantes de los 84 municipios priorizados en este proyecto, entre los cuales se encuentran Popayán, Montería, Cúcuta, Pasto, Cali y Tunja, entre otros.
Es importante destacar que Cundinamarca tendrá la posibilidad de inscribirse en los programas de formación en modalidad virtual, y se recomienda a los interesados estar atentos a los canales públicos de comunicación de la UNAD y de la Vicepresidencia de la República para obtener mayor información y realizar la inscripción.
La UNAD busca generar oportunidades de acceso educativo e inclusión para diversas comunidades, incluyendo afrodescendientes, indígenas, reinsertados, reincorporados, miembros de las fuerzas armadas, personas privadas de libertad, discapacitados y víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones.
Esta colaboración entre el Gobierno Nacional y la UNAD refleja el compromiso conjunto en la formulación e implementación de políticas públicas que garanticen los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de los grupos de especial protección constitucional y aquellos que han sido marginados o discriminados en el pasado.