El inicio del año 2026 trajo consigo un ajuste inmediato en la economía de los hogares colombianos tras el anuncio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre el incremento en los precios de los combustibles.
Desde el 1 de enero, los consumidores enfrentan un aumento promedio de $90 por galón en gasolina motor corriente y $100 por galón en el ACPM (diésel).
Estas variaciones aplican en las 13 ciudades principales del país que sirven de referencia para el mercado nacional.
Según los datos oficiales, el precio promedio nacional de la gasolina se situó en $16.057, mientras que el ACPM quedó fijado en $10.984, cifras que marcan una tendencia alcista sostenida desde el año anterior.
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Ciudades más caras y más económicas para tanquear
En la capital de la República, Bogotá, el galón de gasolina se cotiza ahora en $16.491, mientras que el ACPM quedó en $11.276.
Otras ciudades grandes como Medellín y Cali presentan precios que superan los promedios nacionales, con la gasolina en $16.412 y $16.502 respectivamente.
Llama poderosamente la atención que Villavicencio se ha consolidado como la ciudad más cara para tanquear en todo el territorio nacional, con un precio de $16.591 por galón.
En el otro extremo de la balanza, las ciudades con los precios más económicos siguen siendo Pasto y Cúcuta, con valores de $14.247 y $14.400 respectivamente, debido a los beneficios fiscales que reciben por ser zonas de frontera.
Impacto en el transporte y vigilancia de la procuraduría
Este incremento no solo impacta a los propietarios de vehículos particulares, sino que tiene un efecto dominó en toda la cadena de suministros y en el transporte de carga.
Ciudades del centro del país como Manizales ($16.466), Pereira ($16.439) e Ibagué ($16.407) también reportan precios elevados que influyen directamente en los costos operativos locales.
Vigilancia especial a las estaciones de servicio
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia especial sobre las estaciones de gasolina, particularmente en Bogotá, para asegurar que los incrementos se apliquen conforme a la ley y evitar posibles especulaciones o abusos que afecten aún más a los ciudadanos.
