La solicitud fue elevada por la Contraloría y la Procuraduría a fin de que, mediante ley, se extienda el tiempo para que esas iniciativas sean discutidas en asambleas y concejos municipales.
Consideran que, debido a las actuales circunstancias de la pandemia, existen factores especiales que requieren ampliar las posibilidades de análisis y discusión de los PD sugeridos por gobernadores y alcaldes.
“En un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”, señalan los citados organismos.
La petición del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al Departamento Nacional de Planeación, tiene carácter “urgencia”
“Los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor”, dicen, en referencia a la pandemia del coronavirus.
Alegan que los planes de desarrollo territorial, PDT, deben ajustarse a las circunstancias especiales creadas por la emergencia sanitaria, particularmente en materia de salud y los efectos socioeconómicos que el escenario puedan tener. 
