Estima la Procuraduría que el mandatario de esa población, Miguel Ángel Barbosa Rico, pudo haber incurrido en anomalías administrativa al haberle solicitado dinero a los beneficiarios del programa de Vivienda de Interés Social Rural, contrariando disposiciones al respeto. Quiere decir, según el organismos de control, que el funcionario desconoció el Reglamento Operativo Programa Vivienda de Interés Social Rural del Banco Agrario de Colombia.
