De su bolsillo tienen que comprar sus propios equipos de protección, según el 47% de los médicos, paramédicos y auxiliares dedicados a la atención de los afectados con la pandemia. No son ciertos los reportes de la Casa de Nariño sobre el adecuado suministro de equipos.
Así lo indica un sondeo adelantado por la Contraloría General, siguiendo el propósito de conocer la realidad que afrontan los trabajadores de la salud frente a los anuncios del presidente Iván Duque.
“Cerca de la mitad de los encuestados (47%) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad como caretas de protección, guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, vestidos quirúrgicos, monogafas y polainas”, dice el informe de la CGR.
El sondeo consultó a 12.230 profesionales del sector en todo el país, a quienes indagó sobre la situación en la cual se hallan dentro de la actual emergencia.
“La encuesta permitió también confirmar que las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
Antioquia, Santander, Caldas y Valle del Cauca encabezan la lista de departamentos con mayores carencias en materia de protección para este personal, según el mismo reporte.
Cada uno de los asalariados del sistema de salud ha tenido que desembolsar entre $8 mil y máximo $1 millón en los implementos que debe suministrar el Estado.
Mayor dotación
El mismo documento advierte, como si fuera poco, que los trabajadores de la salud (el 63%) encuentran que no son suficientes los equipos para cumplir adecuadamente con las necesidades de los pacientes.
Las mayores inquietudes sobre el particular se sintieron en Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Caquetá, Casanare y Meta.
“Otro resultado interesante es que el 92% de los encuestados asegura que no le han practicado ninguna prueba para Covid-19”.
Igualmente revelador es el hecho de que el 43% de los trabajadores de la salud no se encuentra formalmente vinculados a las entidades; laboran bajo la modalidad de prestación de servicios, tercerización o provisionalidad.
“Al 45% le han modificado las condiciones laborales (reducción de horas de trabajo y sueldos, entre otras) y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual (en su mayoría les adeudan de 1 a 3 meses)”.
El informe detallado de los resultados de la encuesta de la Contraloría General, fueron dados a conocer en sesión virtual con los ministerios de Salud, Trabajo, Hacienda, organizaciones científicas y otras gremiales del nivel nacional.
*Imagen tomada del portal Agencia EFE 
