El desprestigio sistemático al que están sometiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, podría lograr los objetivos de menoscabar la esencia política, social, económica y ambiental para la que fue creada.
Opinión
Por: Juan Carlos Calderón España
Los ataques virulentos a la autonomía de esta -proclamada en la ley- y en general, a las corporaciones regionales parecen prosperar, con el auspicio de la politiquería, la misma que han atacado quienes hoy fungen de orientadores de los destinos de bogotanos y cundinamarqueses.
El deseo de meterle la mano a la administración del medio ambiente, de los recursos naturales renovables y a su desarrollo sostenible se haría realidad, de aprobarse –como va a ocurrir- por parte del legislativo, el proyecto de ley que adopta el régimen especial para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Para lograr el cometido, desde varios flancos le tiran piedras a un mandato legal que creó las corporaciones, por el solo hecho de no estar sometidas a las exigencias que demandan controlar una parte del poder en la ciudad o en la región.
Es que para someter la voluntad popular al talante politiquero hay que obtener una tajada de la administración pública para lograr puestos y otros beneficios que se traducen en votos. Y los votos, finalmente, son los que producen el poder político.
Por eso, con frialdad elocuente se acusa a la CAR de haber incumplido en el ejercicio presupuestal, sin tener en la cuenta que el año 2020 se convirtió en un fantasma que aterrorizó a la humanidad, que detuvo la vida y hasta el tiempo.
La ejecución presupuestal se ralentizó en todas las esferas.
Por ejemplo, PORTAFOLIO, refiriéndose al gasto público de la nación tituló: “La ejecución presupuestal de 2020 va más lenta que la de 2019”, y en el mismo artículo de la periodista María Camila González, se resalta: “Y si se mira por los distintos sectores, llama la atención que los más rezagados son Hacienda, que tiene comprometido solo el 34,2% de las apropiaciones; Planeación, con el 35,8% de los recursos en esta situación; Empleo público con el 45,5%, y Deporte y recreación, con 50,1%, todos clave para la reactivación del país”. El informe periodístico se hizo con corte a noviembre de 2020.
Ese es pues, un pretexto famélico que solo apunta al desprestigio de un ente que ha hecho historia, desde que se creó, en el desarrollo de políticas ambientales sostenibles de protección y administración de los recursos naturales de la jurisdicción demarcada por la ley.
El cuento de la baja ejecución presupuestal en la Corporación, en un periodo de dificultades extremas, en un país inmóvil e inactivo, producto de la pandemia, es solo un pequeño misil en contra de la misma autonomía, que tanto añoran destruir los mismos que, a la hora de conseguir votos, prometen fortalecer la institucionalidad ambiental, que sin esa misma administración autosuficiente, estaría a la deriva y en manos de intereses de la política partidista. El medio ambiente no tiene partido.
Con esos tiros al blanco ecológico se pretende herir a la CAR y debilitarla hasta que llegue a su marchitamiento para reemplazarla por la Región Metropolitana, en donde el medio ambiente ocupa el último lugar de las áreas temáticas, de acuerdo con la identificación técnica inicial de los ámbitos geográficos, incluida en el proyecto de ley. Se crea un monstruo grande, hecho de retazos, para que se trague a la CAR como bocado sobrante.
De paso, se agiganta la burocracia a costa de las contribuciones que los entes territoriales involucrados deberán hacerle a la Región: Crea comisiones, consejos, observatorios y más agencias, para satisfacer la demanda de cargos y beneficios de la política que fideliza clientela.
Ahora bien, el mismo proyecto de ley que adopta el régimen especial para la Región Metropolitana que se engendró, le da otro batatazo a la conformación del Consejo Directivo de la CAR.
En su artículo 45, el penúltimo, parágrafo 4, como si fuera una rueda suelta y por fuera del contexto del mismo proyecto, se reestructura el órgano rector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quitándole un representante de las organizaciones ambientales, de dos que existen, y un representante del sector privado, también, de dos.
Este proyectado parágrafo deja en su mínima expresión la representación ambiental, razón del ente; y reduce la presencia de un sector clave en el desarrollo de cualquier región, el sector privado. Es como dejar sin arquero a un equipo de fútbol en pleno partido, y sin el patrocinador de la divisa.
Probablemente esté “pegando un grito al cielo”, ya que el proyecto de ley se aprobará sin examen y discusión de fondo, y se transformará en un enorme mercado persa con el que se saciará el apetito incontrolable por el manejo de los recursos públicos con la autonomía, esta vez, controlada por el aparato político de la sociedad colombiana.
Este texto lo inspira el deseo de dejar constancia de mis posiciones y de mis ideas al respecto. De todas maneras, seguiré trabajando por una Corporación que siga interpretando la aspiración de construir una jurisdicción ambiental de larga vida.
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