La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías en Bogotá a quién le correspondió el caso del mandatario de esa población, Carlos Andrés Prada Jiménez, acusado de fraude procesal y falsedad en documento privado. Cometió la irregularidad con la intención de que el Incoder le asignara un predio baldío en su municipio, asunto para el cual se hizo pasar por un humilde campesino.
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