La Procuraduría formuló reparos a esos y otros 20 municipios del país, debido a que no han implementado procedimientos de bioseguridad que eliminen riesgos para alumnos y profesores en medio de la pandemia.
Ante esa circunstancia emitió requerimientos a cinco gobernadores y 18 alcaldes, emplazándolos a fin de que gestiones recursos ante el Fondo de Mitigación y Emergencias, FOME, que les permita contar con todos los protocolos del caso.
Las medidas fueron dispuestas desde el Ministerio de Educación, buscando facilitar el retorno gradual y progresivo a clases en las instituciones educativas públicas del país.
En condiciones de desatención al programa se encuentran 23 entidades territoriales certificadas, a las cuales les fueron asignados recursos oficiales desde el Gobierno central.
Los emplazamientos señalan, además de Chía, Facatatviá y Funza, a los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Amazonas y Magdalena, y los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó (Antioquia) y Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá).
En las mismas condiciones se encuentran Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Yopal (Casanare), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).
Al entregar el reporte la Procuraduría advirtió que permanecerá atenta a vigilar el tema, como también a formular los requerimientos a que haya lugar.
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