En medio de la preparación para las elecciones de 2026, las autoridades en Colombia han implementado múltiples estrategias para fortalecer la seguridad y la transparencia del proceso electoral. La Policía Nacional, en integración con diferentes organismos estatales, ha desarrollado medidas preventivas y reactivas destinadas a salvaguardar tanto a los candidatos como a los votantes en un entorno marcado por ciertas amenazas y desafíos en regiones específicas del país.
El general Mauricio Rico, líder a cargo del Plan Democracia, entregó un informe sobre el panorama que enfrenta el país en materia de seguridad electoral. Según la información oficial, se han recibido hasta ahora 138 denuncias relacionadas con temas electorales. De este total, un aproximado del 25 % se atribuye a amenazas que, de acuerdo con los reportes, guardan relación con actores armados no estatales. El resto de las denuncias corresponde a delitos como constreñimiento al sufragante, corrupción electoral, perturbación del certamen democrático, voto fraudulento y fraude en los procesos de elección.
Las acciones de seguridad se han orientado principalmente hacia los puntos identificados como críticos. Datos revelados por organismos de control indican que estas zonas representan menos del 4 % del territorio nacional, y suelen estar localizadas en asentamientos rurales y corregimientos distantes. Para mitigar riesgos, la Policía Nacional mantiene vigilancia directa en cerca del 82 % de las mesas de votación, fundamentalmente en cabeceras municipales y centros urbanos intermedios. En las áreas rurales de difícil acceso, el respaldo operativo recae sobre las Fuerzas Militares.
El despliegue para asegurar el orden en el proceso electoral no solo se concentra en la vigilancia en centros de votación. Más de 200 Centros Integrados de Información e Inteligencia Electoral (CI3E) funcionan actualmente en todo el país. Estas plataformas, coordinadas entre la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y organismos de inteligencia, permiten monitorear y responder ante cualquier incidente de manera rápida y coordinada.
Durante los comicios atípicos celebrados entre 2025 y 2026, la operatividad policial ha sido probada con la cobertura de aproximadamente el 83 % de las mesas habilitadas, mediante una movilización de más de 100.000 integrantes de la fuerza pública. Estos operativos incluyeron elecciones de autoridades municipales, consejos de juventud y consultas internas, sin que se presentaran eventos mayores de alteración del orden público.
La protección de los candidatos es otro de los aspectos que más atención ha recibido tras recientes hechos violentos que han impactado la agenda política nacional. En lo que va del actual ciclo electoral, se han llevado a cabo 27 comités de evaluación de riesgo, 11 de ellos orientados a aspirantes presidenciales. En total, se han evaluado a 64 personas para protección presidencial, con la colaboración de 362 agentes de policía y el acompañamiento permanente de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Además, para candidatos al Congreso, se han analizado 182 solicitudes de protección, asignando a 199 policías. En la Circunscripción Especial para la Paz, otros 39 casos han sido valorados, con 15 funcionarios policiales desplegados para su resguardo. Estas cifras reflejan una coordinación constante entre la Policía Nacional y la UNP para adaptar los esquemas de seguridad según el riesgo percibido en cada caso.
La logística para el traslado y resguardo del material electoral en zonas apartadas constituye otro eje prioritario en el andamiaje de seguridad. Recientemente, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía supervisó el transporte de documentos electorales a las 32 capitales de departamento. En este operativo se utilizaron 279 rutas, 282 vehículos y participaron 3.824 agentes, en coordinación continua con la Registraduría.
