El plan piloto implementado para lograr la reapertura gradual de la vía Bogotá-Villavicencio ha generado un fuerte cuestionamiento por parte de las entidades territoriales, lideradas por la Gobernación de Cundinamarca.
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel ha advertido públicamente que la medida es insuficiente y que las consecuencias económicas para la región son catastróficas, con pérdidas diarias que se acercan a los $20.000 millones.
La medida, anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario a cargo de la vía, Coviandina, estableció una serie de franjas horarias para el tránsito exclusivo de carros y buses particulares.
El objetivo del esquema es reducir el riesgo en los puntos críticos del corredor, especialmente después de un nuevo deslizamiento que se presentó días antes en el kilómetro 18+600.
De esta manera, el paso de vehículos se concentra en ventanas de tiempo específicas, lo que permite a los operadores continuar con las labores de remoción de material y estabilización de la zona afectada.
Cierres de Establecimientos y Pérdidas Millonarias
No obstante, el gobernador Rey Ángel criticó duramente la efectividad del corredor alterno, asegurando que solo garantiza entre el 30% y el 40% del tráfico habitual. Esta limitación impide el restablecimiento pleno tanto del tránsito como de la economía asociada al corredor.
Rey advirtió que el piloto presenta una serie de características improvisadas que, a su juicio, no cumplen con los estándares técnicos requeridos para asegurar el uso continuo de la vía.
La crisis se traduce en cifras económicas alarmantes. Las pérdidas diarias, según Rey, superan los $20.000 millones.
En Cundinamarca, las afectaciones son palpables: se calcula que 1.500 establecimientos han tenido que enfrentar cierres temporales o reducciones de más del 50% en sus ventas.
La inestabilidad ha provocado un caos logístico reportado por los mismos transportadores. El sábado 20 de septiembre, se registraron esperas de entre 12 y 16 horas, lo cual impacta severamente no solo el abastecimiento de diversos productos, sino también la economía de múltiples sectores.
Sector Agropecuario en Crisis
El impacto en la producción agropecuaria es de particular preocupación. El gobernador destacó que la región es crucial, produciendo cerca de 5,8 millones de aves al año.
Los sectores de producción de carne y huevos figuran entre los más afectados, sufriendo reducciones en sus inventarios y, trágicamente, la muerte de animales durante los extensos trayectos por las demoras.
Además, productos agrícolas esenciales como el plátano, la yuca, los cítricos, la papa y el aguacate, provenientes de distintos municipios, han perdido competitividad en el mercado, lo que paralelamente se traduce en un incremento en sus precios finales para el consumidor.
Denuncia por Incumplimiento
El mandatario de Cundinamarca también elevó una fuerte crítica contra la gestión del Gobierno Nacional, afirmando categóricamente que “el Gobierno Nacional no ha realizado las inversiones a las que se comprometió al inicio de nuestra administración en 2024”.
Rey explicó que los problemas geológicos han sido advertidos con antelación. Desde el año 2022, la comunidad ya había alertado a la concesión respecto a los riesgos geológicos y había solicitado la canalización de aguas y el mantenimiento a los pozos de abatimiento, estructuras esenciales encargadas de drenar la humedad sobre la montaña.
Según la denuncia, estas acciones nunca se llevaron a cabo; los pozos “se dejaron de conectar” y esta falta de mantenimiento resultó en el represamiento del agua, lo que a su vez “cargó el talud”.
Hoy, la ladera sigue desprendiendo material, afectando incluso el cauce de la quebrada Munar y del río Ure, lo que incrementa el riesgo de represamientos y peligrosas corrientes súbitas que amenazan a las poblaciones que se encuentran aguas abajo.
Esta crítica fue secundada por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, quien usó la plataforma X para señalar que las medidas actuales son solo una respuesta a la emergencia, y no una solución estructural.
Cortes hizo un llamado urgente para trabajar con grandes inversiones y ágilmente para atender los puntos críticos, y realizar “grandes obras” que le proporcionen a esta mitad del país “la autopista de conexión que requiere y se merece una de las regiones más importantes de Colombia”.
Ambas gobernaciones coinciden en que la inestabilidad geológica del corredor persiste y que las inversiones comprometidas no se han ejecutado.
La Gobernación de Cundinamarca recordó que en 2024 el Ministerio de Hacienda y el de Transporte se habían comprometido a destinar un importante presupuesto, prometiendo realizar una inversión de 240.000 millones de pesos utilizando recursos del Fondo de Contingencia y de Infraestructura, administrado por la Agencia Nacional.
Sin embargo, la inversión real hasta la fecha asciende a solo 40.000 millones, habiendo atendido únicamente cuatro de los 16 puntos a los que se habían comprometido, a pesar de que la vía cuenta con más de 96 puntos específicos que representan un riesgo.
