*Trashumancia electoral podría estarse presentando en varios municipios, incluyendo algunos en Cundinamarca, según la Procuraduría. Organismos de vigilancia entran a profundizar en los análisis que podrían alterar los resultados del debate parlamentario y presidencial del año que viene.
El escenario quedó al descubierto tras un análisis ejecutado por la Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, a través de la Unidad de Vigilancia Electoral del Ministerio Público.
Tomó como punto de partida las estadísticas suministradas por la Registraduría Nacional; finalizado el proceso,detectó aumento inusual en las inscripciones de cédulas en algunas poblaciones.
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La actual condición corresponde a lo sucedido hasta inicios de este mes (3 de octubre), ejercicio que permitió conocer movimientos inusuales a seis meses de la primera participación ciudadana del 2026 en las urnas.
Trashumancia electoral es advertida por la Procuraduría
Las eventuales irregularidades se estarían registrdo, principalmente, en Cundinamarca, Chocó, Guajira, Meta y Boyacá hacia donde se dirigieron las miras de las autoridades competentes.
Según la PG, las dudas se presentan en 10 municipio, dos de ellos en Cundinamarca: Guayabal de Síquima y Vianí.
La alerta fue lanzada por el procurador general, Gregoio Eljach, una vez analizó en detalle el informe de las evaluaciones adelantadas por un grupo especial de ese organismo, siguiendo la estrategia “Paz Electoral”.
Insiste en que el propósito de su despacho es el de garantizar la transparencia del debate mediante el cual los colombianos designarán la nómina de nuevos senadores y representantes el domingo 8 marzo. Dos meses después, el 31 de mayo, en primera vuelta, será adelantada la elección de presidente. Si el candidato ganador no alcanza la mayoría requerida, será realizada una segunda jornada el 21 de junio.
El informe
Según los reportes en manos de los investigadores, con corte al 3 de agosto último, en el país se han inscrito 92.318 ciudadanos. “… lo que preocupa no es la cifra global, sino el comportamiento irregular en algunos municipios donde la proporción de inscritos sobrepasa por mucho el promedio nacional”, señala el Ministerio Público.
La media general de inscripción es de 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en territorios como Puerto Gaitán (Meta) la cifra asciende a un inusual 80,64%, es decir, 35 veces más que la media nacional.
Otros municipios con tasas elevadas son La Jagua del Pilar (La Guajira) con 44,37%; Ocaña (Norte de Santander) con 26,99%, Acacías (Meta) con 23,30% y Guamal (Meta) con 20,40%. Condiciones similares presentan Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) con 19,92%, La Victoria (Boyacá) 18,30%; Guayabal de Síquima, 17,22% y Vianí (Cundinamarca) con 16,17%. Castilla La Nueva (Meta) con 16,40%, igual figura en la lista que preocupa al organismo de control.
El fenómeno descrito corresponde, en muchos casos, a lo que se conoce como trashumancia electoral, es decir, el traslado irregular de votantes a municipios donde no residen. La eventual práctica anómala es común cuando algunos sectores pretenden influir en los resultados de los comicios. Se constituye no solo en un fraude al sufragio, sino que pone en riesgo la transparencia del proceso y vulnera el derecho de las comunidades locales a elegir libremente a sus representantes.
Precisamente, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 23, establece la prohibición expresa de la inscripción irregular de cédulas en circunscripciones diferentes a la de residencia habitual del ciudadano. Además, el Código Penal Colombiano (artículo 389) tipifica la inscripción fraudulenta de cédulas como un delito que puede acarrear penas de 4 a 9 años de prisión. También impone multas significativas para quienes incurran en esta conducta.
En materia disciplinaria, los funcionarios públicos que promuevan, toleren o participen en estas maniobras enfrentan sanciones como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Igual, observa eventuales procesos por intervención indebida en política, lo cual está prohibido por la Constitución (artículo 127).
Según el mismo reporte, las entidades territoriales que despiertan mayor inquietud son Antioquia, con 10.595 (11,48%); Cundinamarca, con 10.408 (11,27%) y Meta, con 8.939 (9,68%). También Norte de Santander, con 8.045 (8,71%) y Valle del Cauca, con 5.466 (8,62%).
Estos cinco departamentos concentran casi el 50% del total nacional de inscripciones, lo cual refleja dinámicas particulares de movilización electoral y la necesidad de un control más riguroso.
Historia reciente de casos similares
No es la primera vez que, a lo largo de los últimos años, la Procuraduría y la Registraduría detectan fenómenos de inscripción atípica. En elecciones pasadas, como las regionales de 2019, municipios como Magangué (Bolívar) y Soacha (Cundinamarca) registraron cifras que encendieron alarmas. En esos casos, la intervención oportuna permitió la anulación de miles de cédulas inscritas irregularmente.
De igual manera, en el debate legislativo de 2018, se identificaron redes organizadas que trasladaban votantes desde la frontera con Venezuela hacia municipios de Norte de Santander. Esa práctica derivó en investigaciones judiciales y sanciones ejemplares.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) añaló en repetidas ocasiones que la trashumancia es uno de los principales riesgos para la democracia en Colombia. La amenaza incluye la compra de votos y la presión indebida sobre comunidades vulnerables.
Así, la Comisión Nacional de Control Electoral reafirmó su compromiso con la vigilancia preventiva del proceso que se acerca. Anunció que, a través de las Comisiones Territoriales de Control Electoral, continuará ejerciendo labores de seguimiento en coordinación con las personarías municipales y la Registraduría Nacional.
Según el procurador Gregorio Eljach, el objetivo de estas acciones es “garantizar la transparencia y la participación ciudadana, evitando que el fraude electoral altere la voluntad popular”.
Asimismo, recordó que la estrategia de Paz Electoral no solo implica control disciplinario, sino también pedagogía ciudadana. Con ello, los electores comprendan la importancia de inscribirse únicamente en el lugar donde residen habitualmente.
Consecuencias para los infractores
Los ciudadanos que inscriban sus cédulas de manera irregular pueden ser objeto de varias sanciones: anulación de la inscripción, dejando sin validez el registro fraudulento. Investigaciones penales, con sanción de cárcel de hasta 9 años y multas económicas, de acuerdo con la gravedad de la conducta.
Por su parte, los candidatos o partidos políticos que promuevan la trashumancia pueden enfrentar a sanciones disciplinarias y pérdida de investidura, si se comprueba su responsabilidad. Suspensión de candidaturas en casos extremos y procesos judiciales por constreñimiento al sufragante o fraude electoral.
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