La Fiscal铆a General de la Naci贸n revel贸 nuevos detalles sobre el entramado de corrupci贸n que comprometer铆a a altos exfuncionarios del Estado y que gira en torno a la apropiaci贸n irregular de $100 mil millones destinados al convenio entre la Unidad Nacional para la Gesti贸n del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Seg煤n los hallazgos del ente acusador, C茅sar Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto Gantiva, ambos oriundos de Fusagasug谩, Cundinamarca, presuntamente habr铆an tenido un rol clave en la planificaci贸n y ejecuci贸n del esquema fraudulento, junto a los exdirectivos Olmedo L贸pez y Sneyder Pinilla 脕lvarez.
Repartici贸n de coimas y direccionamiento de contratos
De acuerdo con la investigaci贸n, el 25 de septiembre de 2023 se llev贸 a cabo una reuni贸n en las instalaciones de la ANT con la participaci贸n de su director y funcionarios tanto de la ANT como de la UNGRD, en la cual se acord贸 formalmente el traslado de los $100 mil millones, previamente aprobados, para ser ejecutados desde la Unidad de Gesti贸n del Riesgo.
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Finalizado este encuentro, C茅sar Manrique pact贸 con Olmedo L贸pez que Luis Carlos Barreto, seg煤n los mismos enteacusador, ser铆a el encargado de manejar la contrataci贸n derivada de esos recursos. El objetivo: buscar contratistas espec铆ficos para adjudicarles los proyectos a cambio de sobornos. Seg煤n las pruebas, cada contrato llevaba asociada una coima del 7 %, que se repartir铆a entre los implicados.
El 2 de octubre de 2023, Manrique y L贸pez sostuvieron una reuni贸n en el Departamento Administrativo de la Funci贸n P煤blica, donde definieron los t茅rminos de las retribuciones ilegales. En dicha cita se acord贸 que Olmedo L贸pez recibir铆a el 7 % del valor de cada contrato, porcentaje que incluir铆a la parte correspondiente a Sneyder Pinilla y su equipo. Por su parte, Manrique y Barreto recibir铆an otro 7 %, consolidando as铆 el esquema de apropiaci贸n indebida de recursos p煤blicos.
Recursos destinados a gesti贸n del riesgo e infraestructura
Los fondos comprometidos estaban orientados a fortalecer programas sociales y de infraestructura en zonas vulnerables, por lo que su desv铆o constituye un grave detrimento al erario y un impacto directo en comunidades que esperaban soluciones a necesidades urgentes en materia de gesti贸n del riesgo y acceso a la tierra.
Avances del proceso judicial de corrupci贸n
El ente investigador confirm贸 que contin煤a con la recopilaci贸n de pruebas documentales, testimoniales y t茅cnicas, y no se descartan nuevas imputaciones contra otros funcionarios p煤blicos o particulares que hayan participado en esta red de corrupci贸n.
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Este caso se suma a una serie de investigaciones adelantadas por el ente acusador en torno a la UNGRD, que ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en la adjudicaci贸n de contratos y el manejo de recursos destinados a emergencias y desastres naturales.
La Fiscal铆a reiter贸 su compromiso de llevar ante los jueces a todos los responsables y recuperar los recursos p煤blicos desviados, al tiempo que llam贸 a las entidades del Estado a reforzar los controles en la adjudicaci贸n de contratos y convenios interinstitucionales.
