La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el entramado de corrupción que comprometería a altos exfuncionarios del Estado y que gira en torno a la apropiación irregular de $100 mil millones destinados al convenio entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según los hallazgos del ente acusador, César Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto Gantiva, ambos oriundos de Fusagasugá, Cundinamarca, presuntamente habrían tenido un rol clave en la planificación y ejecución del esquema fraudulento, junto a los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez.
Repartición de coimas y direccionamiento de contratos
De acuerdo con la investigación, el 25 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la ANT con la participación de su director y funcionarios tanto de la ANT como de la UNGRD, en la cual se acordó formalmente el traslado de los $100 mil millones, previamente aprobados, para ser ejecutados desde la Unidad de Gestión del Riesgo.
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Finalizado este encuentro, César Manrique pactó con Olmedo López que Luis Carlos Barreto, según los mismos enteacusador, sería el encargado de manejar la contratación derivada de esos recursos. El objetivo: buscar contratistas específicos para adjudicarles los proyectos a cambio de sobornos. Según las pruebas, cada contrato llevaba asociada una coima del 7 %, que se repartiría entre los implicados.
El 2 de octubre de 2023, Manrique y López sostuvieron una reunión en el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde definieron los términos de las retribuciones ilegales. En dicha cita se acordó que Olmedo López recibiría el 7 % del valor de cada contrato, porcentaje que incluiría la parte correspondiente a Sneyder Pinilla y su equipo. Por su parte, Manrique y Barreto recibirían otro 7 %, consolidando así el esquema de apropiación indebida de recursos públicos.
Recursos destinados a gestión del riesgo e infraestructura
Los fondos comprometidos estaban orientados a fortalecer programas sociales y de infraestructura en zonas vulnerables, por lo que su desvío constituye un grave detrimento al erario y un impacto directo en comunidades que esperaban soluciones a necesidades urgentes en materia de gestión del riesgo y acceso a la tierra.
Avances del proceso judicial de corrupción
El ente investigador confirmó que continúa con la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y técnicas, y no se descartan nuevas imputaciones contra otros funcionarios públicos o particulares que hayan participado en esta red de corrupción.
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Este caso se suma a una serie de investigaciones adelantadas por el ente acusador en torno a la UNGRD, que ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y el manejo de recursos destinados a emergencias y desastres naturales.
La Fiscalía reiteró su compromiso de llevar ante los jueces a todos los responsables y recuperar los recursos públicos desviados, al tiempo que llamó a las entidades del Estado a reforzar los controles en la adjudicación de contratos y convenios interinstitucionales.
