La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en coordinación con entidades judiciales, policiales y administrativas, logró el decomiso de aproximadamente 3.000 hectáreas en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Esta acción forma parte de un proceso que busca revertir el uso de terrenos que habían estado vinculados con actividades ilícitas y grupos armados, restableciendo el control estatal en la zona.
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Los terrenos, distribuidos en 32 predios identificados con los nombres de Valle Escondido, Bellavista, La María y La Arcadia, se encontraban asociados a procesos vinculados al narcotráfico y organizaciones paramilitares. Dicha localización geográfica y organización territorial permitió a las autoridades un marcado avance en la cadena de recuperación de áreas afectadas por actividades criminales.
Durante la operación, el director de la ANT, Felipe Harman, detalló que las propiedades habían sido centro de operaciones para figuras reconocidas en el ámbito del narcotráfico, tales como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y Cristian Fernando Borda Gómez, conocido como El Harlista de la Mafia, este último sometido a extradición en el año 2009. Además, se reportaron intentos de obstaculización por parte de intereses ilegales que procuraban influir en todo el proceso de incautación.
El operativo contó con la colaboración de diferentes actores, reforzando la capacidad de respuesta del Estado en la recuperación de territorios. Entre los elementos relevantes del proceso, se identifican los siguientes puntos de información:
• Coordinación interinstitucional entre la ANT, la SAE y otras autoridades.
• Localización estratégica de los predios implicados.
• Historial de actividades ilícitas en la zona, relacionadas tanto con el narcotráfico como con grupos armados.
La acción se enmarca dentro del convenio interinstitucional entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la ANT. Este acuerdo permite que las áreas incautadas sean destinadas a la Reforma Agraria, convirtiendo espacios anteriormente utilizados para fines ilegales en potenciales motores de producción agrícola y social.
El proceso destaca la importancia de devolver la tierra a la comunidad campesina, que se beneficiará de la transformación de estos predios hacia usos productivos y sociales. Este cambio implica nuevas oportunidades para el desarrollo rural en una región impactada por el conflicto armado.
La estrategia de recuperación de tierras refuerza la política estatal orientada a sostener el aprovechamiento de espacios antes exclusivos de actividades criminales. Las autoridades reiteran la importancia de estos terrenos para la consolidación de proyectos de desarrollo rural y para el fortalecimiento de la economía campesina.
La operación abre un nuevo capítulo en la administración del territorio en Cundinamarca, marcando un paso en la reordenación de áreas que durante años sirvieron al narcotráfico y a grupos armados. Se espera que la transformación de estos espacios genere empleo y contribuya a la estabilidad en la región.
El proceso de incautación y entrega de tierras se desarrollará con estricto apego a las normativas vigentes, garantizando que la función social y productiva de cada hectárea se potencie de manera responsable y ordenada. Las autoridades continuarán trabajando en el seguimiento de los predios para asegurar un proceso transparente y enfocado hacia el bienestar de la población local.
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