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Duro reclamo de pequeños productores de leche al presidente Petro en Ubaté, Cundinamarca

por: Omar Gamboa

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Productores de leche emplazan al presidente Gustavo Petro en Ubaté, Cundinamarca. ¿Para qué se ponen a prometer cosas que no pueden cumplir? Eso le dijeron al Mandatario Nacional y su ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que tampoco asistió al encuentro con los productores rurales.

*En Redes

Los pronunciamientos tomaron fuerza en los sistemas digitales luego de la cita de las últimas horas convocada por Asolhatogs (Asociación Lechera y Agropecuaria de Suesca). Acudieron voceros de todo el país, entre ellos una delegación del departamento del Caquetá.

En contraste, otras noticias originadas en el corazón del Gobierno Central fueron acogidas de buena manera por la opinión nacional. Una de ellas tiene que ver con los anuncios formulados por el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. Se refiere al  impulso a proyectos de emprendimiento dentro de las familias colombianas.

Más información vista de buena manera se relaciona con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la entregad de las instalaciones del Castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica.

Al otro lado se mantienen uno de los mayores escándalos de corrupción con la compra de los carrotanque para la Guajira, además de las sonadas ollas comunitarias y diferentes temas que golpean la imagen del Mandatario Nacional.

Productores de leche reclaman al presidente Petro

Tema relacionado con el agro que ha desatado bulla dentro de las redes sociales los últimos días, hace referencia al duro llamado de los pequeños y medianos productores de leche del país al Mandatario Nacional.

Varios de quienes intervinieron en el encuentro le lanzaron duros reclamos al Presidente. En esencia, le piden que cumpla con sus promesas de campaña cuando anunció que tomaría medidas de protección al sector primario de la economía nacional.

Le recordaron sus proclamas sobre una revisión de convenios internacionales, asunto que terminó por convencer a buena parte de los productores rurales para acompañarlo en las elecciones presidenciales.

“El presidente lo dijo en campaña. Yo sí voy a renegociar el Tratado de Libre Comercio, ¿Para qué se ponen a prometer cosas que no pueden cumplir? (…) Y lo dijo su plan”, insistió Sandra García, una caracterizada dirigente agraria del Caquetá.

Repitiendo anuncios del Jefe de Estado, según ella, la vocera de los lecheros mantuvo sus reproches al señor Petro Urrego. “Mientras en Estado Unidos están subsidiando a los productores, acá nos están llenado con impuestos.  Todos los días nos está subiendo la gasolina, el ACPM, el Peaje”, dijo.

Aclaró, eso sí, que ese tema viene golpeando a los pequeños productores rurales desde hace más de una década. También denunció que esos productos, los importados, afectan la salud de los consumidores.

Todo ello ocurre en medio de escandalosos sucesos en los cuales se pierden recursos de los impuestos nacionales. “Mientras se gastaron 46 mil millones de pesos en cuatro canotanques, ¿Por qué no han invertido al menos 20 mil en una buena industria solidaria?” Insistió vehementemente la señora García.

Subsidios del DPS financiarán Proyectos Productivos

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Esta será una propuesta encaminada a combatir la pobreza, según explicó el director del departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Su pronunciamiento se conoció en Cartagena. La información logró importante alcance en las redes sociales.

“Los subsidios no sacan a la gente de la pobreza”, resaltó. Según dijo, se trata de una estrategia encaminada a impulsar y motivar la creación de empresas sólidas y la asociatividad en los hogares más vulnerables del país. La idea es dejar de lado la cultura de que los beneficiarios solo se atengan a recibir dinero del Estado, sin esforzarse por alcanzar sus ingresos y el bienestar de sus familias.

Explicó que busca convertir los subsidios en Proyectos Productivos conforme a la directriz del presidente Gustavo Petro. Así, las ayudas serán trasformados en Capital Semilla con lo cual se apoyará  la creación de empresas y organizaciones “entre los habitantes de los barrios populares”.

De fondo, el Gobierno Nacional pretende “romper con el ciclo de dependencia de las transferencias y fomentar la independencia económica de las comunidades más necesitadas”.

"Los subsidios tienen que acabarse, porque ya está demostrado que no sacan a la gente de la pobreza. El presidente nos ha ordenado transformarlos en apoyo a proyectos productivos. Asociar a la gente que los recibe, para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios, en vez de personas que están sujetas a una transferencia", explicó Bolívar.

Por otro lado, anunció ajustes al programa Colombia Mayor. A partir de junio, los beneficiarios recibirán un subsidio de 225 mil pesos, triplicando el monto actual.

Carrotanques de la Guajira: mucho más de lo imaginado

El escándalo de corrupción que acosa al presidente Gustavo Petro apenas comienza a asomarse. Según expertos, el episodio solo ha mostrado la punta que, sin embargo, deja notar el oscuro fondo del que, a la fecha, puede ser el mayor escándalo en lo corrido del mandato del Pacto Histórico.

Según las primeras declaraciones de los presuntos implicados, esos dineros ilegales habrían permitido comprar los votos necesarios en la aprobación de algunos proyectos oficiales en el Congreso.

El escándalo supera con creces al sonado episodio de Centro Poblados siendo ministra la señora Karen Abudinen durante el Gobierno Duque ($70 mil millones). La trama, en la cual se encuentra implicado el polémico contratista Emilio Tapia Aldana y otros empresarios cuya responsabilidad no ha sido plenamente resuelta.

Para algunos observadores, el Jefe de Estado no ha sido afortunado (o más bien ha sido ligero) en sus referencias sobre lo sucedido con los carrotanques de la Guajira. “Los cachacos que mandamos buscaron fue robarse la plata”, dijo el señor Petro Urrego exacerbando los ánimos de los nativos del centro del país.

Algunos, incluso, observaron que esa es una reacción “muy propia” del actual Mandatario Nacional para esquivar cualquier responsabilidad. De momento se habla de una negociación cercana a los $140 mil millones. Como si fuera poco, a este caso hay que sumarle el alboroto que se armó alrededor de las sonadas “ollas comunitarias” ($20.400 millones).

Y falta saber detalles de lo ocurrido con el Dique Caregato, en La Mojana, cerca de la frontera entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Acá también han sido saqueados miles de millones de pesos; Las investigaciones apenas comienzan.

Las investigaciones apenas comienzan y, muy seguramente, resultarán comprometidas muchas personas de la UNGRD, varias de las cuales fueron nombradas durante la actual administración; otras más venían del anterior Gobierno; ingresaron durante el mandato Duque; y más atrás.

La figura

En medio de todos estos sucesos aparece, como protagonista principal, el nombre de Carlos Carrillo. Carrillo Arenas pasó a ser la imagen contra la corrupción. Es hoy el abanderado de las principales acciones contra el robo de dineros oficiales. Claro; existen otros nombres.

Las redes sociales, e incluso en los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros, lo mencionan con frecuencia. Incluso más que a la Procuradora, la Contraloría y la misma Fiscalía, personajes y entidades que deberían ser permanentemente referenciados en los medios informativos; y en las redes digitales.

El actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, quien llegó al cargo en marzo último en una sucesión de episodios  relacionados con la corrupción, está siendo visto como la figura más visible del Gobierno Petro.

Profesional egresado de la Universidad Nacional, donde alcanzó el título de diseñador industrial, se hizo visible por sus permanentes observaciones contra eventuales equivocaciones del entonces alcalde bogotano, Enrique Peñalosa. 

Cuatro años después fue elegido Concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo (2020 – 2023). Desde allí ejerció rigurosos controles contra los excesos, de todo orden, protagonizados en la alcaldía distrital.

Castillo Marroquín

La icónica e histórica edificación, ubicada en La Caro, al norte de Bogotá y en jurisdicción de Chía, pasará a manos de la Universidad Pedagógica Nacional.

Allí, comenzará a operar acciones especiales cuyos alcances aún no han sido determinados plenamente. Lo cierto es que permitirá abrir un espacio pedagógico que permita fortalecer la academia superior en el centro del país.

La decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro, marcando nueva ruta en la utilización de complejos especiales para el uso de la formación superior de los jóvenes nacionales.

El Castillo Marroquín  estuvo bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debido a su asociación con actividades relacionadas con el narcotráfico. Ahora, se transforma en un epicentro educativo dedicado a la formación de futuros maestros del país.

La Universidad Pedagógica tiene planes para este espacio. Planea habilitar una moderna Facultad de Artes; ofrecerá programas especiales incluyendo Biología, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Además, albergará los Museos Pedagógico y de Historia Natural, espacios destinados a enriquecer tanto el conocimiento académico como el aprecio por la rica biodiversidad y el patrimonio cultural de Colombia.

Sin embargo, el impacto va más allá de la educación. Con más de 20 hectáreas de reserva ambiental, el Castillo Marroquín se convierte en un bastión tangible de conservación del medio ambiente. La Universidad se ha comprometido a ser la guardia del santuario verde, promoviendo entre su comunidad la promulgación del cuidado por la naturaleza.

La entrega de las instalaciones al centro de formación superior es el resultado de un esfuerzo colaborativo. Helberth Choachí, rector de la universidad, destacó el papel del profesor Adolfo en las negociaciones y gestiones previas. La SAE, representada por Daniel Rojas Medina, jugó papel fundamental en este proceso, demostrando un compromiso conjunto por parte de las instituciones involucradas para beneficiar al sector educativo.

Esta iniciativa subraya la importancia de reintegrar espacios recuperados de actividades ilícitas en proyectos que promuevan el bienestar común y fomenten el desarrollo sostenible.